Privatización del Agua y el PSOE: Controversias y Retos en la Gestión de un Bien Público

¿por qué el gobierno oculta los datos de todas las presas, azudes y molinos que está derribando? ¿Por qué esos datos se tienen que obtener a través de denuncias de los ciudadanos afectados a una asociación como AGUAIURIS? Estaría bien que respondieran a esa pregunta los defensores subvencionados de esta atrocidad.

Es la opinión de Víctor Viciedo, de SOS Rural, la mala gestión de los embalses puede deberse a la aplicación de un modelo europeo a escala española, donde no calza. Explica: “lo de que los ríos fluyan a lo mejor es muy fácil en Europa, pero España es seca y si no embalsamos el agua, en los periodos estivales no llega ni una gota de agua al Mediterráneo».

Esto está ocasionando obras de la máxima seriedad, hechas a prisa y corriendo, que pueden pasarle una factura inasumible a las generaciones venideras. Se están tomando decisiones potencialmente gravísimas, sin ningún tipo de consulta ciudadana, sin Mesa del Agua, y sin oír las sugerencias de la Sociedad de Presas y Embalses.

«Necesitamos embalsar el agua para que las personas beban, para que las personas coman y para generar energía limpia con los saltos de agua», añade Viciedo. «La estupidez de todo esto es que necesitamos agua para el regadío y para generar energía y ¿lo que hace el Gobierno es destruir las presas para que el agua fluya y que los pececitos lleguen al mar? ¿Estamos locos?”

En los últimos 10 años en España, hemos visto un 71% de incremento en el precio del agua. Y el consumo casi se ha duplicado en 20 años, de 1.454 millones de litros en 2000 a cerca de 2.800 millones de litros en 2021.

El informe de la organización Dam Removal Progress de 2021. Contabilizó que el Gobierno de Sánchez destruyó sólo en 2021 108 barreras fluviales (como presas, azudes o rampas), casi la mitad del total de 239 que se desmantelaron en toda Europa.

Un daño significativo a las infraestructuras españolas, habida cuenta de que el ministerio para la Transición Ecológica de Sánchez contabiliza más de 2.000, repartidas entre las que se usan para abastecimiento humano, regadío, producción hidroeléctrica, industria y objetivosrecreativos y ambientales.

Mientras para el Fondo Mundial para la Naturaleza, el derribo de barreras fluviales tiene un impacto ambiental muy positivo, la organización de usuarios y consumidores Aguaiuris discrepa con el dogma de los lobbies ecologistas y denuncia que los Ejecutivos de las últimas dos décadas destruyeron en España 560 presas, azudes y molinos. En concreto, acusan al Gobierno de gastar 2.500 millones de euros “en derribar el patrimonio de todos”.

En declaraciones a ‘La Gaceta’, desde Aguaiuris advierten que el Gobierno pretende usar su propio país como “laboratorio” para aplicar los dogmas totalitarios de la agenda 2030 de control del agua disponible para la población, activando un “banco del agua” que convertirá su uso en un gran “mercado concesional”.

Por otra parte, advierten sobre las mentiras oficiales sobre la supuesta inutilidad de las infraestructuras destruidas, cuya desaparición implica inundaciones en ciertas áreas, y todo por dinero. “Eliminar estas presas está ocasionando grandes daños, las zonas están arrasadas”, denuncian: “Las confederaciones están entregando a puerta cerrada el agua a otros aprovechamientos como plantas de hidrógeno. Se está comercializando con los caudales… y los fondos de inversión aplican las leyes del mercado”, advierten.

El agua comenzó a cotizar en bolsa en 2020, en un contexto de fuertes sequías en California, con la supuesta intención de asegurar a agricultores y ganaderos en períodos de escasez. 

La lógica era la siguiente: en épocas de sequía, el valor de los activos se dispara, y se compensa a las personas afectadas por la escasez. 

En otras palabras: a menos agua, más dinero. El agua cotizó en enero de 2021, su primer mes, a 499.83 dólares, según datos de Bloomberg. Su valor se ha duplicado en dos años.

El derribo de presas en España puede deberse a una medida más para obtener ayudas europeas, ajustándose a la normativa de la PAC.Resulta curioso que todas las entidades que apoyan los derribos y descalifican a quienes se oponen a este disparate, cobran sustanciosas ayudas y subvenciones públicas por el seguidismo que hacen de esta estrategia suicida, que agravará de forma severa los problemas de abastecimiento y caudales mínimos en épocas de estiaje, además de aniquilar sin remedio hábitats que persisten gracias al embalse durante el verano. Muchas especies de anfibios desaparecerán sin remedio y la sequía afectará gravemente a los bosques de ribera. Las decisiones que se están tomando hoy nos darán la puntilla mañana. En estos momentos, el pantano de Cijara en Extremadura es del grupo Nestlé, Sierra Nevada es del grupo Danone, la Sierra de Guadarrama de Bezoya y la Serranía de Cuenca de Heineken. En Galicia, ALTRI proyecta quedarse con el Río Ulla. El proceso de privatización del agua es ya imparable y en breve cotizará en bolsa, como otros recursos naturales. ARCO IRIS denuncia esta dinámica perversa e insta a los municipios que pudieran ser afectados por los próximos derribos a que se opongan a los mismos (salvo en casos estrictamente necesarios) y no concedan licencias de obras para las demoliciones. Asimismo, se insta a AUGAS DE GALICIA a posicionarse a favor o en contra de los planes de demolición, para que el cuerpo electoral de Galicia sepa a qué atenerse en el futuro y votar en consecuencia y en defensa de sus legítimos intereses.

Las críticas al PSOE sobre el tema de la privatización del agua surgen principalmente por la falta de coherencia entre su discurso a nivel nacional y las políticas implementadas en algunos gobiernos regionales y locales. Activistas y movimientos sociales argumentan que el partido no ha sido lo suficientemente firme en oponerse a la privatización, y señalan que, en muchos casos, el PSOE ha optado por políticas de concesión de servicios o asociaciones con empresas privadas en lugar de garantizar una gestión pública al 100%.

En conclusión, el PSOE tiene una postura oficial que defiende la gestión pública del agua, pero en la práctica ha tenido posturas diversas en función de las circunstancias políticas y económicas a nivel local. Esto ha generado un debate sobre la coherencia de su política en torno a la privatización del agua y sobre las acciones que deberían tomarse para asegurar una gestión sostenible y justa del recurso.