Vamos a contar mentiras

Cáritas Española acompañó el año pasado a 42.336 personas sin hogar, un 7,2 % más que el año anterior, según la Memoria de actividades presentada el pasado mes de junio. Dos de cada diez son mujeres y la mitad, de nacionalidad española.

“De forma alarmante, Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, es necesario y urgente seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas”, explica María Santos, responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Española.

En el contexto estatal y según recoge el INE (2022), hay 28.552 personas en situación de sin hogar, representando un aumento del 24,5 % desde la última cifra publicada el año 2012. Es necesario ser conscientes del sesgo que representa este dato, ya que deja fuera muchas situaciones de exclusión residencial que contempla la clasificación ETHOS, así como aquellas personas que no han estado atenidas por los recursos asistenciales o que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes.

“Se prevé que el volumen real del sinhogarismo sea mucho mayor. Desde esta realidad, también se creó la Estrategia Nacional contra el sinhogarismo a España (2023-30). Estrategia, que debe convertirse en ley de obligado cumplimiento si queremos dar pasos hacia adelante”, apunta María Santos.

Las viviendas no aparecen por generación espontánea, de la noche a la mañana como pasa en otoño. Acérquese usted a esa zona de bosque y recoja usted los miles de níscalos que la humedad nos ofrece cada día. No es así.

El tema de la vivienda no es como para hacer bromas y mucho menos para contar mentiras porque estamos jugando con las ilusiones y los sueños de mucha gente.

Para los sindicatos, que han conseguido canalizar buena parte del descontento que miles de personas manifestaron en las calles de Madrid y Barcelona el pasado 13 de octubre, en Valencia este fin de semana y en convocatorias previstas en Málaga y Sevilla para el próximo 9 de noviembre, la reunión de este martes pretende ser “un lavado de cara a la nefasta gestión de este Gobierno en materia de vivienda”. “Pedro Sánchez tiene que decidir: o se enfrenta a los rentistas, que han multiplicado impunemente los precios del alquiler y nos siguen echando de casa cada día, o les continúa dando vía libre con políticas cosméticas”, reclaman. Desde la llegada del PSOE a la Moncloa, en 2018, el precio de los alquileres ha subido en más de 20 puntos.

En 2018, Pedro Sánchez anunció un ambicioso plan para construir 20,000 viviendas públicas destinadas a alquiler social, con el objetivo de hacer frente a la creciente crisis de vivienda en España. Sin embargo, según varios informes y críticas de la oposición, este plan no se ha cumplido en su totalidad. Hasta 2023, el número de viviendas públicas nuevas construidas no ha alcanzado esa cifra, lo que ha generado acusaciones de que Sánchez exageró o no cumplió su promesa.

En repetidas ocasiones, Sánchez y su gobierno han prometido medidas para controlar el aumento de los precios de los alquileres, particularmente en las grandes ciudades donde la demanda supera la oferta. En 2021, el gobierno aprobó la Ley de Vivienda, que incluía medidas para regular los alquileres en zonas tensionadas. Sin embargo, ha habido críticas de que estas regulaciones no han sido efectivas o que no han logrado bajar los precios de manera significativa. Esto ha llevado a acusaciones de que Sánchez ha sobreestimado el impacto de sus políticas o de que no ha actuado con la suficiente contundencia.

Los jóvenes en España enfrentan grandes dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o alquiler. Aunque el gobierno de Sánchez aprobó ayudas directas al alquiler para jóvenes (como el bono de alquiler joven), estas ayudas han sido criticadas por su escasa cobertura y retrasos en la implementación. Además, el acceso al crédito hipotecario para la compra de vivienda sigue siendo complicado para muchos jóvenes debido a los altos precios y la necesidad de contar con un ahorro previo considerable.

El Gobierno de Sánchez ha destacado la importancia de los fondos europeos para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Se prometió que parte de estos fondos se destinarían a la rehabilitación de viviendas y a la construcción de nuevas viviendas públicas. No obstante, críticos han señalado que la distribución y el impacto de estos fondos no ha sido tan visible o inmediato como se esperaba, lo que ha llevado a dudas sobre la veracidad de los anuncios.

Durante la pandemia, Sánchez anunció una moratoria en los desahucios para proteger a las personas en situación vulnerable. Aunque esta medida fue aplaudida inicialmente, organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos han criticado que, a pesar de la moratoria, miles de desahucios continuaron, especialmente en casos que involucraban a grandes propietarios y fondos de inversión. Esto ha generado acusaciones de que el gobierno no fue completamente honesto sobre el alcance real de la medida.

  La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocida como el "banco malo", fue creada para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos derivados de la crisis de 2008. Gran parte de su cartera de activos está compuesta por viviendas que podrían haberse destinado a vivienda social.

 Críticas al gobierno: El gobierno de Sánchez ha sido criticado por no haber utilizado de manera más efectiva los activos de la Sareb para aumentar el parque de vivienda pública. En lugar de eso, se ha permitido que parte de estos activos sean vendidos a inversores privados, lo que ha sido percibido como una oportunidad perdida para aliviar la crisis de vivienda y frenar la especulación.

Aunque no se puede acusar al gobierno de Sánchez de especular directamente con la vivienda, sí ha enfrentado críticas por no tomar medidas suficientes para frenar la especulación del sector privado, particularmente en el ámbito de los grandes fondos de inversión y los alquileres turísticos. La falta de una regulación más estricta y la insuficiente inversión en vivienda pública han sido factores clave que han permitido que la especulación inmobiliaria continúe afectando el acceso a la vivienda en España.

En resumen, las "mentiras" o incumplimientos sobre la vivienda que se le atribuyen a Pedro Sánchez se centran principalmente en promesas no cumplidas o en políticas que, según los críticos, no han tenido el impacto esperado.