María Luisa Alonso denuncia que la primera diputada venezolana del Congreso: “Delcy Rodríguez vino a España con la connivencia de Sánchez”

María Luisa Alonso (Caracas, 1975) La exdiputada, que entró en política para intentar evitar que su segundo país se fuera a la deriva como la Venezuela chavista de la que ella huyó, atiende desde Bilbao a Artículo14 para hablar sobre la trama Koldo que acecha al Gobierno español y las implicaciones del “Delcygate”.

María Luisa Alonso denuncia que "es inadmisible que el presidente del Gobierno mienta" y lanza un mensaje a los protagonistas de la trama Koldo: es de una "amoralidad absoluta hacer negocios con perseguidos por la justicia internacional"

La visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España a pesar de estar sancionada por la Unión Europea, fue “indignante” para Alonso. La exdiputada, que logró su escaño con Ciudadanos, recuerda que a ella le informaron desde Venezuela que Rodríguez venía de camino aquel 20 de enero de 2020. Alonso ya no era miembro del Congreso, pero sí formaba parte del equipo de Marta Martín, por lo que le advirtió. “Delcy Rodríguez va a llegar al aeropuerto internacional de Madrid en las próximas horas”. Algo que después se confirmó. “Al igual que yo, los medios se enteraron por el chivatazo desde Venezuela. Si no se hubiera dicho desde allí, esto se hubiera tapado por el propio ministro de Transportes y no nos habríamos enterado nunca”.

“Esto es de una gravedad importante”, resume Alonso. “En el Parlamento Europeo ya hay preguntas registradas sobre qué va a hacer el Consejo si va a llamar a capítulo a España por omitir unas sanciones de la UE (y ahora conocemos que a sabiendas)”. El 16 de enero de 2020, “el presidente Sánchez ya sabía que Rodríguez iba a visitar España, por lo que Delcy Rodríguez vino con la connivencia del presidente del Gobierno”. La exdiputada reitera: “Sánchez mintió y miente”.

Sobre las maletas que portaba Rodríguez en el avión, Alonso rememora que pasaron los escáneres en el aeropuerto y hasta la propia vicepresidenta bajó del avión. “En su momento sospechábamos que era oro, hoy tenemos la certeza de que en esas maletas había oro”. Venezuela tiene reservas de oro y varios contenciosos con la oposición sobre el uso de estas reservas. Al preguntarle a la exdiputada si había prisa por sacar estos 104 lingotes de oro, Alonso responde que el “problema que tenía el dictador Nicolás Maduro y toda su cúpula y que aún hoy tienen es que, precisamente están sancionados económicamente por crímenes de lesa humanidad”.

Este oro de sangre no solo representa la riqueza extraída de la tierra, sino también la devastación de grandes zonas de la Amazonía venezolana. Según los estudios realizados por la ONG SOS Orinoco, la explotación minera en el Arco Minero del Orinoco ha contaminado ríos con mercurio, afectado la capacidad hidroeléctrica del país y desplazado comunidades indígenas enteras, cuyas tierras ancestrales han sido tomadas por bandas criminales y fuerzas del régimen. Es fundamental que el mundo sepa que detrás de cada lingote hay una historia de destrucción ambiental y social sin precedentes.

El doce por ciento de Venezuela, un país rico en recursos naturales tales como petróleo, diamantes y uranio, tiene en su superficie oro y depósitos minerales.

En el estado de Bolívar al sur de Venezuela, grupos civiles armados pro Maduro obligan a los mineros a trabajar, empleando el abuso físico y tácticas de miedo para controlar la producción de oro.

El régimen de Maduro permite a los grupos utilizar estas tácticas para supervisar las operaciones de minería de oro. Hay testigos que han informado ver a altos funcionarios del gobierno patrullando las minas, según el informe.

El grupo de derechos humanos HRW pasó dos años recolectando testimonios de mineros de Venezuela y personas que viven en las poblaciones de la minería del oro. Según el informe “una gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos colombianos armados”, tales como la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos grupos armados aplican “leyes” arbitrarias para atemorizar a las comunidades mineras y mantener el orden. Acusan a los mineros y a civiles inocentes de robo antes de cortarles públicamente los dedos y las manos y, en casos extremos, los ejecutan, según testigos entrevistados para el informe.

En la ciudad de El Callao, en el sur de Venezuela, decenas de niños cambian la escuela por minas a cielo abierto en busca de oro que ayude a aliviar la pobreza de su familia. Según activistas de derechos humanos, excavar la tierra comienza como un juego, pero rápido se transforma en explotación.

No hay un sistema judicial de aplicación de la ley para proteger a las víctimas.

Las minas de oro, situadas en la parte meridional del país, funcionan en estrecha proximidad a comunidades indígenas. En consecuencia, los indígenas suelen verse obligados a trabajar en las minas contra su voluntad.

Las condiciones de trabajo en las minas son peligrosas. Se utilizan cantidades tóxicas de mercurio para limpiar el mineral de oro, y se adoptan pocas o ninguna medida de seguridad para evitar lesiones en el lugar de trabajo. El informe detalla cómo un chico de 16 años sufrió una fractura de columna vertebral por la caída de un tronco que le golpeó mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de equipo de protección.

Lo que resulta aún más alarmante es la red de actores que se benefician de este negocio ilícito. La minería en Venezuela está controlada por grupos armados como las FARC, el ELN y bandas criminales como el Tren de Aragua, que operan con impunidad. Además, la dictadura de Maduro ha delegado el control del oro a sus más cercanos aliados, militares y empresarios y comisionistas dentro y fuera de Venezuela que constituyen una élite económica corrupta.

Así, “tienen cuentas congeladas en todo el mundo. No podían hacer transacciones con esas cuentas de dinero que, por otra parte, han robado del pueblo venezolano. Vendiendo oro tenían nuevamente flujo de dinero a través del oro. Es contrabando”, incide la exdiputada. “Hay que llamar a las cosas por su nombre: es contrabando de oro y de patrimonio de todos los venezolanos. No es de ella ni del dictador. Es un expolio y robo por parte de miembros de esta dictadura en busca de liquidez personal”.

A Alonso le irrita que no sólo se le permitiera la entrada a Rodríguez en la legación diplomática, sino que ella amenazara a un solicitante de asilo (y ganador de las presidenciales del 28-J) delante del embajador español.

Por qué sí pudo entrar Delcy Rodríguez en la embajada de España “con esa desfachatez, libertad y manga ancha”, por qué no saltaron las alarmas cuando de quien huye González Urrutia acudió personalmente a amenazarle en un supuesto lugar seguro. “Por qué se sintió amparada allí, por qué nadie la cuestionó, ni si quiera al coaccionar. Estas son las preguntas que todos los venezolanos deseamos conocer las respuestas y sobre todo, todos los demócratas. El Gobierno español debería responder”, concluye Alonso.