La vuelta del rey emérito y la amnistía

Un discurso del orador latino escrito hace dos milenios explica lo que ocurre cuando «se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales»

«Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación».

Marco Tulio Cicerón, víctima y verdugo de estas guerras, cargó sus tintas contra figuras como Cayo Verres que aprovecharon los desordenes populares para medrar a placer. Entre las fechorías que se le imputaron a Verres estuvo las de comprar el cargo de pretor, abusó de su autoridad en la Isla de Sicilia y provocar la ruina de esta fértil región. Los agentes de Verres saquearon propiedades privadas en la isla y, durante la revuelta de Espartaco, usaron ilegalmente el dinero de emergencia. Verres recogió a los esclavos de los terratenientes ricos de la isla y los acusó de establecer un complot para unirse a la Revuelta de Espartaco. Los condenó a muerte por crucifixión salvo que los terratenientes pagaran por su absolución.

La Ley de Amnistía de 1977 es uno de los pilares del edificio construido para que, a la muerte de Franco, el poder político siguiera en las mismas manos y no hubiera posibilidad de pedir responsabilidades a quienes habían mantenido la larga y criminal dictadura. Por este motivo, ha funcionado y sigue funcionando como ley de punto final, siendo un escollo permanente para enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista y una excusa recurrente de la judicatura española para negar la tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo, como han dejado claro el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, contraviniendo el derecho internacional y los tratados y pactos suscritos por el propio Estado español, de tal forma que, a día de hoy, quienes lucharon contra el franquismo y sufrieron su persecución siguen siendo delincuentes, mientras que quienes lo sostuvieron nunca fueron perseguidos ni enjuiciados ni sufrieron merma alguna en sus carreras profesionales, sino todo lo contrario.

Una Ley que, como no podía ser de otra manera, fue alegremente recibida por los franquistas. Teniendo en cuenta que todo el proceso de Transición fue dirigido por esas élites provenientes del Franquismo, era evidente que iban a legislar en esa línea. Pero esta Ley contó con la inestimable colaboración de un sector de la izquierda que recibió con algarabía y entusiasmo un proceso que sepultaba su propia historia. Poco le importó al PSOE y al PCE la combatividad de la sangre derramada por miles y miles de sus militantes fusilados, encarcelados y exiliados durante los largos años de la dictadura. Muy por el contrario prefirieron “amnistiar” los crímenes del Franquismo frente a sus propios militantes.

Así pues, la amnistía solo entrará en vigor si es aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados español, como toda ley orgánica. Y solo si después no es anulada por el Tribunal Constitucional, que es el órgano democrático que decide qué es o qué no es constitucional y que se rige exactamente por las mismas normas que aplicaban cuando era la derecha quien tenía la mayoría allí. Incluso, llegado el caso, cabe también la posibilidad de llevar la norma ante la Justicia europea, una vía que sigue y seguirá en vigor. La amnistía es criticable, como toda ley, pero no hay absolutamente nada ni en su contenido ni en su procedimiento de aprobación que justifique la equiparación con una dictadura.

Juan Carlos de Borbón es un monarca caído en desgracia en su país, el Reino de España, donde muchos de sus compatriotas asocian hoy su imagen a los escándalos y la corrupción.

Cada vez que vuelve el emérito a España se habla de lo mismo: si visitará o no a su hijo. Aunque reconoce que tiene sentido, pues se trata de algo insólito.

Sin embargo no se habla de que la ausencia de ética de Juan Carlos ha hecho un gran daño a nuestro país, incluso ha hecho un gran daño a la propia monarquía. No han sido los republicanos, ni Podemos, ni Pablo Iglesias, ni los comunistas los que han mermado la monarquía, han sido sus comportamientos. El mayor enemigo de la monarquía han sido ellos mismos, enriqueciéndose y aprovechándose de sus privilegios. Lo vimos ya con Urdangarín y Cristina.

En los discursos de Juan Carlos y Felipe han hablado de que todos somos iguales ante la ley y eso no es cierto.

No hay proporción entre una persona que usó una tarjeta para dar de comer a los hijos, (y claro que la usó ilegalmente), y defraudar a una ONG de niños con cáncer. Ésta fue usada para defraudar. ¿Qué cosa tan contradictoria y malvada, no es cierto? No habría querido tal cosa en mi familia ni en los vecinos que conozco en todo el mundo. ¡Qué vergüenza!

Los  acontecimientos desmienten  esa afirmación, corroborada por la propia Constitución, que recoge la inviolabilidad del monarca, es decir, el rey no puede ser juzgado por los supuestos delitos que pueda cometer durante su reinado. Dicho de otra manera: la justicia es (casi) igual para todos menos para el rey.

Las actividades más controvertidas del exmonarca son las que tienen que ver con sus desconocidas finanzas privadas, de las que se han conocido detalles, algunos de los cuales han llevado a ser investigado por la Justicia española, aunque solo aquellas actuaciones posteriores a 2014, fecha de su abdicación en su heredero Felipe VI y momento hasta el que estaba protegido por la inmunidad que le reconocía la Constitución española.

Pero, se fue sin pedir perdón (con tres ayudantes cuyos sueldos y estancia paga Patrimonio Nacional), sin rastro de arrepentimiento, con el título de emérito bajo el brazo y con decenas de titulares en las portadas nacionales e internacionales sobre sus cuentas en paraísos fiscales

Tengo la sensación que cada vez hay más gente que cuestiona que la justicia sea igual para todos después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo diera carpetazo a las diligencias de investigación abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I.