Berlín vota a favor de expropiar 240.000 pisos a grandes propietarios

La votación se celebró este domingo, en paralelo con las elecciones generales.

En contra de lo que podría parecer obvio, la vivienda social en Alemania no se caracteriza por ser asequible para los más pobres. Por el contrario, debido a que la mayor parte son viviendas nuevas, pero también a la evolución del sistema de financiación pública, la vivienda social se ha convertido en un sector caro.

“Nosotros los berlineses hemos decidido: nadie debe especular con nuestras viviendas”, decía ya en la noche del domingo Joana Kusiak, portavoz de la iniciativa.

En el último tiempo, Berlín pasó de ser una de las ciudades más baratas de la región a observar súbitos incrementos en los alquileres, fenómeno que la ciudadanía atribuye a la concentración que existe en el mercado. Este mes, tras largas negociaciones, el Estado en Berlín compró 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros, mientras que en 2019 ya había comprado 6.000 casas a la inmobiliaria Aldo Properties.

La Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado, que establece que «el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización».

Durante décadas solo se han realizado estimaciones aproximadas de la dimensión del desamparo en la capital germana, en la que se calculan entre 6.000 y 10.000 personas sin techo.

La sociedad civil comienza a intuir que este acelerado proceso urbanizador se nos está yendo de las manos. No cesan de surgir en muchos pueblos y ciudades  plataformas ciudadanas, bajo distintas denominaciones, “por un urbanismo sostenible”. Una parte de la población entiende que esta fiebre urbanizadora es “pan para hoy y hambre para mañana”.

Si el modelo español invita a que todos los españoles sean propietarios, el alemán no busca esto. “El modelo alemán expulsa a los que no pueden comprar”, explica Sergio Nasarre Aznar, profesor de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de la Cátedra UNESCO de vivienda. Esta expulsión se produce porque el grifo del crédito es muy restrictivo en Alemania, y muchas veces se pide hasta el 40 por ciento del valor de la vivienda directamente al futuro propietario. “Los alemanes han expulsado al estrato medio-bajo de la propiedad, pero, a cambio, han creado un régimen de inquilinos muy proteccionista, con los precios del alquiler referenciados en tablas desde los años 70”. El resultado es una sociedad con unas diferencias muy marcadas entre propietarios e inquilinos.

La posesión de bienes y dinero ha pasado a ser un objetivo en sí mismo. Medimos el nivel de las personas con su riqueza, de las empresas con su balance económico y de los países por su Producto Interior Bruto. Pero en nuestras fórmulas no se cuenta si lo que compramos realmente nos hace más felices o nos ata al consumismo, si las empresas esclavizan a las personas para conseguir su beneficio o si el producto de un estado proviene de la guerra o la destrucción de la naturaleza.

Además nuestro sistema económico actual favorece la acumulación de capital. La regla básica es la competición, que genera ganadores y perdedores. Quienes más tienen parten de una posición de ventaja a la hora de conseguir aún más, y poco a poco las grandes fortunas y empresas están consiguiendo el poder y el control sobre cada vez más aspectos de la vida, poniéndolos cabeza abajo también.

El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio.

Sigue siendo actual la enseñanza de Pío XI: es « necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados ».

Corren malos tiempos para el bien común. La sociedad del individualismo hedonista socava las bases de la vida social y política y los intereses y conveniencias individuales y de unos pocos se imponen sobre las necesidades del bien común. Para entenderlo mejor, es bueno preguntarse: “¿qué es el bien común?”. El bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como personas. Sin embargo, el individualismo no admite nada de esto, porque hace falta aceptar y poner en práctica cuatro ideas básicas:

-El respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda de su reconocimiento práctico.

-El desarrollo social justo, de forma que se facilite a cada uno lo que necesita para una vida verdaderamente humana.

-La paz como la estabilidad y la seguridad de un orden social justo.

-La prioridad de las necesidades de los empobrecidos.

Dignidad, solidaridad y servicio son tres dimensiones que nunca deberían de faltar en un Estado, porque esto supondría arriesgarnos a vivir en un conflicto permanente. Los políticos deben asegurarse de que las estructuras del Estado las fomentan. Tienen una gran responsabilidad.

El Papa propone a los cristianos que se comprometan «a cuidar un poco más a los demás y a la naturaleza, que es nuestro hogar común».

Alertó de «la tentación de cuidar sólo de los propios intereses» a todos los niveles. Por ejemplo, para algunos países «seguir haciendo la guerra»; en el caso de empresas, «concentrarse sólo en el perfil económico»; y para las personas, «vivir de forma hedonista, buscando sólo satisfacer el propio placer».

Esto es lo que Francisco expresó muy bien en la Encíclica Fratelli Tutti (n. 120), refiriéndose a la propiedad privada: “(…) Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes, al contrario, facilitar su realización (…). El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y eso tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica”.

Y más sencillo aún, el mandamiento del amor: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” (Mc 12, 28-31) es a la vez, tan claro y tan determinante, que solo con tenerlo presente podría ser suficiente para que los cristianos antepongamos el bien común, frente al propio interés.

José Carlos Enríquez Díaz