El PSOE maniobra en el Congreso para evitar que Galicia se adueñe de la AP-9

 

El BNG advierte: "No aceptaremos un trato discriminatorio de Galicia". La portavoz nacional del BNG ,Ana Pontón, afirmó enfáticamente: "No aceptaremos que el traslado de la AP-9 sea un traslado disminuido y de segunda mano". "No aceptaremos este agravio, este trato discriminatorio para Galicia", advirtió, para recordar entonces el "pleno" traslado al País Vasco y Cataluña de autovías similares a la A-P9, mientras que en el caso gallego "todos son palos". en las ruedas ".

"Teníamos palos en las ruedas por parte de los gobiernos del PP y ahora vemos un gobierno socialista que quiere hacer un traspaso a la mitad y eso claramente significa una broma para los gallegos", dijo.

Para la portavoz nacionalista, lo que se pretende desde el Ejecutivo central "es hacer un traspaso disminuido, como si los gallegos no pudiéramos gestionar nuestras carreteras y tuviéramos que estar pendientes de lo que decidan en Madrid".

El Gobierno gallego advierte que esta media «no es lo que quieren» los ciudadanos de Galicia «ni es el objetivo de la Proposición de Ley» que llegó al Congreso de los Diputados «con el apoyo unánime de todos los partidos del Parlamento» gallego. «Los gallegos queremos una AP-9 plenamente gallega, sobre la que decidamos desde el territorio», advierte la Xunta.

"No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, no se puede, compañeros. Hay que hacerlo críticamente, hay que ser socialistas antes que marxistas". El "renovador" Felipe González había entendido a la perfección el signo de los tiempos cuando en mayo de 1979 proponía en el Congreso Extraordinario del PSOE abandonar los postulados marxistas del partido para subirlo al tren de las formaciones socialistas europeas. Lo que hoy se ha dado en llamar socialdemocracia y que podría resumirse en un bajar los brazos ante el neoliberalismo y convertir la doctrina socialista en una suerte de tratamiento paliativo hasta que el enfermo, la clase trabajadora, muera tranquila en la cama de un hospital privatizado.

El liberalismo económico era el evangelio que Margareth Thatcher predicaba desde Inglaterra y que el PSOE seguía al pie de la letra aunque de cara a la galería vendiera la solidez del Estado del bienestar español. Llegó la reconversión industrial y las violentas protestas de los trabajadores en buena parte del norte del país. Pero España iba bien, que diría Aznar.

No olvidemos que la  reconversión naval más dura fue en Galicia, en la ría de Ferrol la hizo el partido socialista.

La plantilla, que llegó a superar los 6.700 empleados en 1976, ha sufrido dos grandes salidas de operarios en su historia: 1.140 en 1999 y 701 en 2004 . Desde entonces el goteo ha sido constante.

Muy lejos queda 1976, cuando alcanzó su tope de ocupación con 6.786 trabajadores. Eran épocas de esplendor y en las que Ferrol se había convertido en uno de los puntos más importantes de generación de empleo en Galicia. A partir de entonces, la plantilla ha ido disminuyendo. A finales de 1986 la cifra cayó por primera vez por debajo de los 6.000 empleados y solo dos años después, por debajo de los 5.000. La reconversión naval había comenzado.

Siete años después, en 1995, ya era inferior a 4.000 y cuatro después ya eran menos de 3.000. La causa de este último recorte se debe a que en 1999 se produce la salida de 1.140 trabajadores. Un tercio de los que había. Este año la plantilla ya era de solo 2.544 personas frente a las 3.684 de un año antes. En 2004 vuelve a ver otra salida masiva de empleados en el astillero ferrolano (701), que deja el personal rozando los dos millares (2.013).

El gobierno del PSOE pactó con la UE limitar su construcción naval civil  Para ello, Galicia debía ser la gran sacrificada, su gran astillero, Astano, debía de renunciar a lo que mejor sabía hacer, construir barcos. ¿Que importancia tenía está comarca a nivel nacional? Ninguna.  ¿Qué granero de votos tenía Andalucía, y cual tenía Galicia?

El PSOE sacrificó la industria del norte para obtener subvenciones para el sur.

La segunda mitad de la década de los 80 fue muy dura para la clase trabajadora industrial del Estado español. El gobierno socialdemócrata de Felipe González no sólo estaba empeñado en que entráramos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino también en la Comunidad Económica Europea (CCE). Sus futuros socios, sin embargo, le exigían el desmantelamiento de sectores enteros de la economía española para autorizar su ingreso en la CCE. Los “fundadores de Europa” no deseaban ningún tipo de competencia para sus productos.

El PSOE olvida que existe un gran número de sus votantes, simpatizantes e incluso militantes, que se encuentran muy lejos de algunas de sus ideas radicales y que desaprueban la ampliación de las leyes ya existentes sobre el aborto y la falta de exigencia de la autorización paterna para las menores, que han estado en la base de la agenda del Zapaterismo. Tampoco olvidamos como el el Gobierno del PSOE retrasaba el ingreso mínimo vital. 

El Ingreso Mínimo Vital cumple un año en estos días. Justo este martes pasado, 15 de junio, han pasado doce meses desde que se puede solicitar la primera renta mínima estatal en España. La medida aprobada por el Gobierno de coalición supuso un hito en la lucha contra la pobreza en el país, al establecer un suelo mínimo de ingresos homogéneo en todo el Estado, una reclamación de las organizaciones sociales, las voces expertas en pobreza y la propia Comisión Europea. Un año después, la ayuda sigue siendo celebrada por la importancia de su puesta en marcha, con un importante "pero": ha alcanzado a muchas menos personas de las previstas, "725.000", algo menos de un tercio respecto a la meta de 2,3 millones que se fijó el Ejecutivo. Así, las limitadas transferencias sociales existentes en España apenas lograban aliviar la situación de los hogares con menos recursos en comparación con otros países de nuestro entorno. Escrivá retrasaba el plan "urgente" de Iglesias y afirmaba que el ingreso mínimo vital se empezaría a pagar en junio.

Solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una verdadera carrera de obstáculos entorpecida aún más por la burocracia. Ante el colapso administrativo que suponía la gestión de una nueva prestación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones decidió subcontratar a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para ayudar a tramitar la avalancha de solicitudes que ya estaban llegando.Según confirmaba uno de estos tramitadores, el método de clasificación impuesto por Tragsatec solo dilata el cobro de esta prestación para los pocos que consiguen acceder a ella . “Lo grave es que no hacen clasificar expedientes ‘Conformes’ como ‘Requeridos’”, señalaba la fuente consultada por LA RAZÓN, aunque estos tengan toda la información correcta y entregada a tiempo.