La Estrategia de VOX: Convertir Pactos Democráticos en Supuesta Tiranía

La legitimidad de Pedro Sánchez como presidente de España no debería estar en duda. Elegido conforme a los procesos democráticos establecidos en la Constitución, Sánchez ha demostrado ser un líder que se adapta al marco político actual, caracterizado por la fragmentación parlamentaria. En un sistema multipartidista, pactar con otras fuerzas políticas no solo es necesario, sino fundamental para garantizar la gobernabilidad. Las acusaciones de VOX, que lo tildan de tirano por sus acuerdos con partidos independentistas y de izquierda, no solo son falsas, sino peligrosas para el diálogo democrático.

VOX y otras fuerzas de extrema derecha han insistido en narrativas que buscan desprestigiar los pactos políticos legítimos, argumentando que estos representan una traición a España. Sin embargo, lo que realmente muestran es su rechazo al pluralismo político. Pactar no es sinónimo de traición ni de autoritarismo, sino una herramienta esencial para reflejar la diversidad de ideologías y territorios en el país. Sánchez ha formado alianzas bajo los principios democráticos, algo que en ningún caso puede ser interpretado como una acción ilegítima.

La estrategia de VOX es clara: demonizar al gobierno de Sánchez para justificar su narrativa autoritaria. Al llamar “tirano” a un presidente democráticamente elegido, VOX desvirtúa el debate político y fomenta una polarización que daña el tejido social del país. Su objetivo es implantar la idea de que el sistema democrático está roto, cuando, en realidad, lo que temen es perder protagonismo en una España que avanza hacia la pluralidad.

Pedro Sánchez es un presidente que respeta las reglas del juego democrático. La verdadera amenaza no son los pactos, sino los intentos de erosionar la confianza en el sistema por parte de quienes rechazan el consenso y apuestan por el autoritarismo como modelo.

Vox (e incluso parte de la derecha conservadora tradicional) ha intentado convencer a la población española de que el presidente del Gobierno de España, cuya investidura se celebró el pasado 15 de noviembre, es poco menos que una versión española de Josef Stalin: un dictador totalitario, un tirano al que, además, calificarán de sediento de poder, riquezas y la sangre de los primogénitos del primero de enero. Y al que hay que «colgar de los pies».

En general, el principal argumento que sostiene Vox es que Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Es decir, que quedó en segundo lugar tanto en escaños como en votos. Y esto es verdad: en las últimas elecciones generales, el PSOE pasó de 120 a 121 asientos en el Congreso de los Diputados con el 31.68% de los sufragios y 7.821.718 votos, mientras que el Partido Popular (PP) pasó de 89 a 137 escaños con el 33.06% de los sufragios y 8.160.837 votos.

Sin embargo, ganar las elecciones (es decir, quedar en primer lugar) en España no da acceso directo a la capacidad de constituir un gobierno efectivo.

Según el artículo 99 de la Constitución Española, “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

Tradicionalmente, para evitar que el Rey sea acusado de sesgo político, encarga la formación del Gobierno al ganador de las elecciones. Y Felipe VI, actual monarca de España, así lo hizo: encargó a Alberto Núñez Feijóo, candidato por el PP, la formación de gobierno el 23 de agosto a pesar de no contar con los apoyos suficientes.

Y es que, el artículo 99 continúa así en el punto 3: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.”

Por lo tanto, en la propia Constitución Española vigente desde el año 1978 se establece que España se rige por un sistema político parlamentario, donde el poder ejecutivo es elegido por el poder legislativo, representado en este caso en el Congreso, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal.

A pesar de que lo intentó, Feijóo no obtuvo los votos suficientes, ni por mayoría absoluta ni por mayoría simple. Únicamente logró 172 favorables y 177 en contra, estando la mayoría absoluta en España en 176 votos. Los partidos políticos que apoyaron a Feijóo fueron, además del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC).

En las elecciones municipales de Madrid en 2019, de hecho, la candidatura de José Luis Martínez-Almeida quedó en segundo lugar por detrás de la de Manuela Carmena (Más Madrid), pero la alcaldía del popular fue aceptada gracias a un pacto con Ciudadanos.

En 2019, Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco obtuvo la mayoría de los votos, quedando en segundo lugar por detrás del PSOE. El PP tuvo que pactar con Ciudadanos y con Vox para ser investida en aquella ocasión.

¿Qué otro argumento podría sacar ahora los de Vox ? Seguramente, que el pacto al que ha llegado el PSOE con Junts y con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que incluye la aprobación de una ley de amnistía para los procesados judicialmente por los actos relacionados con el llamado procés catalán, va en contra de la Constitución, en contra de la legislación y/o en contra de lo que quiere la mayoría de los españoles.

O, en todo caso, que el PSOE ha engañado a la gente, en primer lugar, porque varios pesos pesados del partido dijeron en el pasado que la amnistía no tenía encaje legal o, en segundo lugar, porque no se dijo en campaña que aceptarían una amnistía en caso de necesitar los votos de las fuerzas soberanistas catalanas, de la misma forma que se argumentó que el anterior gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tampoco era legítimo, entre otras cuestiones, porque Pedro Sánchez dijo en su momento que nunca pactaría con Podemos.

Con respecto a esto último, aunque es cierto, cae en el terreno de lo subjetivo argumentar que un gobierno es tiránico o dictatorial únicamente por mentir. De ser así, ningún gobierno sería democrático. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy, por poner un ejemplo, basó parte de su campaña electoral en 2011 en el rechazo a la subida del IVA, y una de sus medidas fue, precisamente, subirlo del 18% al 21%. Es decir, si cada presidente tiene que repetir las elecciones por contradecirse, todos los países del mundo estarían inmersos en procesos electorales continuos, por no hablar de que hay una línea muy delgada entre mentir y cambiar de opinión.

En los años 90, el gobierno de José María Aznar, líder del Partido Popular, mantuvo contactos con ETA en un intento de buscar una solución al conflicto vasco. En 1998, Aznar autorizó negociaciones directas tras la tregua declarada por la organización terrorista. Incluso llegó a referirse a ETA como "Movimiento Vasco de Liberación Nacional" en un gesto polémico. Sin embargo, estas conversaciones fracasaron. Este hecho demuestra que los pactos o diálogos no son exclusivos de un partido y forman parte de estrategias democráticas para resolver tensiones.

También cabe recordar que, Aznar hizo el mayor acercamiento de presos de ETA de toda la Historia reciente, acercando un total de 426 presos, casi el doble que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acercó a 237. Además, Aznar lo hizo en un periodo donde la banda estaba muy activa.

Por otro lado, ¿qué supone el acercamiento de presos? Además de haber sido una herramienta utilizada para negociar, no se imponía como un castigo, sino para evitar el contacto entre presos etarras y dificultar así la organización de la banda terrorista. Una vez disuelta, no tiene absolutamente ningún sentido. Y, de hecho, atenta contra los derechos de los familiares de los presos, generando un agravio comparativo, pues es un derecho que tienen familiares de criminales de cualquier tipo de delito.