Mazón Pone en Peligro a Valencia: Emergencias en Manos de un Negacionista

 

La política de Emergencias nunca fue una prioridad para el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La evidencia ha sido la catástrofe de la DANA en la provincia de Valencia. Pero los precedentes evidencian que la semilla del desastre de la gestión se plantó nada más arrancar la legislatura. Y todo, pese a que hace menos de tres años una pandemia azotó el mundo y en 2019 otro temporal salvaje arrasaba la comarca de la Vega Baja. La virulencia con que los efectos del cambio climático se están cebando con el litoral mediterráneo tampoco fue suficiente evidencia para estar alerta.

En el primer Gobierno que puso en marcha tras ganar las elecciones, Mazón entregó la gestión de las Emergencias a Vox, un partido negacionista climático y sin experiencia previa de gobierno. El máximo hito de la exconsellera de extrema derecha al frente de Justicia e Interior fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada por el anterior gobierno de PSPV-PSOE y Compromís para coordinar catástrofes. A los cuatro meses. El propio Mazón se empleó a fondo en “vender” este éxito político porque se acababa con “un chiringuito”.

“La UVE”, criticaba la entonces consellera de Vox, “se hizo sin el concurso y la reflexión necesarios en una cuestión estructural y un servicio público esencial como este y, por tanto, no ayudaba a redefinir ese modelo, sino a empeorarlo y a complicarlo aún más y solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre”.

El Gobierno valenciano de Vox y PP eliminó la UVE nada más entrar en el poder. Tanto por los desastres de la DANA como por el terrible incendio de un edificio en febrero la ciudadanía pide explicaciones.

La decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de asignar la responsabilidad de la gestión de Emergencias a un representante de Vox, especialmente a alguien con posturas negacionistas sobre temas críticos como el cambio climático, ha generado preocupaciones y críticas significativas. La política de Emergencias es un área clave en la protección y respuesta ante desastres naturales, incendios forestales, inundaciones, y otras crisis que afectan directamente a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

En una región como la Comunidad Valenciana, que históricamente ha enfrentado problemas ambientales graves y fenómenos meteorológicos extremos, la prevención y preparación para emergencias debería ser una prioridad. El hecho de que esta responsabilidad se haya delegado a una figura que niega o minimiza ciertos riesgos asociados con el cambio climático podría comprometer la efectividad de las políticas y respuestas en situaciones críticas. Además, la falta de énfasis en esta área refleja una posible subestimación de los riesgos a los que se enfrenta la región.

La asignación de puestos clave en el gobierno a personas con ideologías o posturas controvertidas, especialmente en temas que requieren de una perspectiva científica y proactiva, plantea dudas sobre el compromiso real de la administración con la protección y seguridad de la población en momentos de crisis. Esta situación ha motivado un debate sobre el papel que deberían desempeñar los responsables públicos y la necesidad de una política de Emergencias que esté alineada con los desafíos actuales, especialmente en el contexto de la emergencia climática.

A pesar de la alerta de la AEMET 10 horas antes de la llegada de la DANA, denuncia Ecologistas en Acción, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana estableció el nivel de emergencia por el temporal en situación 2 del plan especial de inundaciones en la provincia de Valencia a las 19:30, cuando ya se había desbordado el río Magro en los términos municipales de Carlet y Algemesí. No se envió una alerta a la población hasta las 20:12 del día 29 de octubre, cuando muchas personas ya se habían desplazado de sus centros de trabajo y estaban sufriendo las consecuencias de las precipitaciones.

Asimismo, recuerda que la Unidad Valenciana de Emergencias, creada en marzo de 2023 por el gobierno del Botànic, fue desmantelada en noviembre de ese mismo año tras el pacto PP-VOX, con el adjetivo de “chiringuito”, cuando la Conselleria de Justicia del Gobierno de Carlos Mazón de la que dependía estaba en poder de un partido negacionista del cambio climático como VOX. “Esta unidad de intervención habría podido ser vital estos días”.

La decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de entregar la responsabilidad de la política de Emergencias a un miembro de Vox con posturas negacionistas resulta no solo preocupante, sino irresponsable y peligrosa, especialmente en un contexto en el que la Comunidad Valenciana ha sufrido catástrofes devastadoras y recurrentes. Esta asignación no es un simple error administrativo: es una muestra alarmante de desinterés y negligencia en la protección de los ciudadanos, quienes dependen de una gestión eficiente y comprometida en situaciones críticas como inundaciones, incendios y fenómenos extremos cada vez más frecuentes por el cambio climático.

En una región que ha sido repetidamente golpeada por tragedias climáticas y donde se ha perdido tanto en términos de vidas humanas como de patrimonio natural y económico, la falta de rigor en la selección de quienes lideran la política de Emergencias es inaceptable. El negacionismo no es solo una opinión más; es una postura que contradice de forma directa los conocimientos científicos y las recomendaciones de expertos que alertan, sin descanso, sobre los efectos del cambio climático en fenómenos como la DANA o las olas de calor. Dejar la protección de los ciudadanos en manos de un negacionista es, en este contexto, un acto de irresponsabilidad que roza el desprecio por la vida y seguridad de la población valenciana.

Los responsables de emergencias deben ser personas con conocimientos técnicos, compromiso real y visión clara de los riesgos actuales, no figuras políticas que ignoran la realidad o actúan en función de ideologías. En manos de alguien que niega o minimiza el cambio climático, las políticas de emergencia quedan reducidas a meros trámites burocráticos, sin preparación ni capacidad para hacer frente a las catástrofes que, lamentablemente, se seguirán presentando. Esta decisión, en lugar de proteger a la ciudadanía, aumenta su vulnerabilidad y refleja un abandono de deberes que podría traducirse en más pérdidas humanas y materiales en el futuro.