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Feminismo y Presunción de Inocencia: Desafíos y Equilibrios en la Búsqueda de Justicia

Como escribió Paul Hollander, "lo personal es político", máxima del feminismo radical, es "el legado más insidioso de la década de 1960".

En los Procesos feministas, la objetividad no existe y, sobre todo: no tiene que existir. La subjetividad femenina denuncia y la subjetividad femenina condena. A Errejón lo condenan por hacer "desplantes" y "gaslighting"

Lo condenan porque es muy simpático "para engancharte", incluso muestra afecto, pero "a las dos horas te echa de su casa". Lo condenan porque "te castiga con silencio e indiferencia", cuando "haces algo que no le gusta". Lo condenan porque "su forma de tener sexo te marca" y es "una forma de ejercer poder". Lo condenan porque "te pide prácticas humillantes y cuando te niegas, te monta números".

Nada se dice, en esta denuncia, de acoso, maltrato físico, agresión, violación ni nada parecido. Hay otra, anónima también, más concreta: el portavoz le metió mano y le tocó el culo. Todo lo que se puede decir sobre la veracidad de las denuncias es lo que se infiere de la dimisión del diputado.

Si esas denuncias hubieran apuntado, pongamos, a un caso de corrupción, no estaríamos hablando de la retirada de Errejón, por grave y escandaloso que fuera el asunto.

Una denuncia anónima de una mujer contra la conducta de un hombre en el contexto de un encuentro, una relación o un acto sexual tiene hoy la credibilidad asegurada. 

La Policía Nacional tomará declaración a la actriz y presentadora Elisa Mouliaá para decidir si hay indicios suficientes en su denuncia de acoso sexual contra Íñigo Errejón, cuyo caso sería llevado a un juzgado si hay pruebas de que cometió los hechos que se le atribuyen.

Desde Interior se indicó que, ante denuncias de este tipo, lo que hace la Policía es escuchar a la denunciante, a la que se da una atención especial durante la formulación de su denuncia, utilizando una escucha activa.


Así, pues, la presunción de inocencia es un derecho fundamental amparado en la Constitución, y es la base del derecho penal.  Es aquello que hemos escuchado muchas veces: «todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario». El objetivo de este derecho no es otro que evitar condenar a un inocente. A quien corresponde presentar las pruebas en contra del acusado es a quien presenta la denuncia (tiene la carga de la prueba). Esto evita, por ejemplo, que una persona inocente sea acusada de asesinato y condenada a prisión, si no puede demostrar que es inocente.

A través de una ardua lucha de muchos años el movimiento feminista en España ya ha conseguido que se aprueben dos leyes penales en este sentido: la Ley Integral de Violencia de Género, aprobada en 2004, y la Ley de Solo Sí es Sí (2022). La primera protege y garantiza los derechos de las mujeres que sufren violencia de género, obteniendo la custodia de los hijos si están en proceso de divorcio, además de otras múltiples ventajas y ayudas, una vez presentan una denuncia. o invierte la carga de la prueba, pero la mujer  obtiene todos los beneficios contemplados en la ley hasta que haya sentencia,  que suele tardar varios años. La de Solo Sí es Sí ha puesto el consentimiento de la mujer en el centro de los procesos de denuncia de agresión sexual o violación; toda relación sexual sin el consentimiento expreso de la mujer es considerada agresión sexual.

Por supuesto que ambas leyes fueron muy criticadas, y no son pocos quienes las consideraban y continúan considerando inconstitucionales, ya que ambas tienen afectación sobre la presunción de inocencia de los hombres. Si ambas leyes se han aprobado es gracias a la voluntad de millones de mujeres de todas las edades que salieron y salen a las calles en espectaculares manifestaciones feministas para exigir su aprobación, no permitiendo otra opción al Congreso de los Diputados que aprobarlas. Asimismo, muchos hombres ven como sus esposas, hijas, hermanas, madres, amigas, se suman a las manifestaciones, por lo que tampoco les han dejado otra opción que aceptar ambas leyes a regañadientes.

Sin embargo, muchas feministas se cuestionan la presunción de inocencia de los hombres en casos de violencia contra la mujer. Alegan que tanto las agresiones físicas como sexuales ocurren en la intimidad, sin testigos y en muchos casos sin pruebas, por lo que resulta muy difícil o muchas veces imposible para la víctima probar que ha habido una agresión. Muchas mujeres denuncian y la justicia no les cree, ya que se antepone la presunción de inocencia del hombre a la palabra de la mujer.

Si bien el feminismo ha sido fundamental para visibilizar y combatir la violencia de género, el tema de las denuncias falsas y la objetividad en el tratamiento judicial de estos casos plantea un desafío. Encontrar un equilibrio es fundamental para proteger a las víctimas de manera efectiva sin comprometer los derechos básicos de los acusados. Esto es esencial no solo para la justicia, sino también para garantizar la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales y en las políticas de género.

Todo lo que se puede decir sobre la veracidad de las denuncias es lo que se infiere de la dimisión del diputado. De eso y de que se confiese poseedor de una "subjetividad tóxica", aunque bien se ocupa de atenuar su responsabilidad. Es culpa, viene a decir, de las exigencias de la política, del neoliberalismo y del patriarcado.

El tema de la inocencia de un hombre en el contexto de acusaciones de violencia de género o delitos sexuales es delicado y genera debates intensos, especialmente cuando se lo conecta con ciertos sectores del feminismo, en particular el llamado “feminismo radical”. Existen tensiones alrededor de cómo el feminismo radical, que en algunas interpretaciones puede adoptar posturas extremas, aborda las cuestiones de justicia, presunción de inocencia y protección de las víctimas.

El feminismo radical, en sus enfoques más extremos, tiende a enfatizar la existencia de un sistema patriarcal que otorga privilegios a los hombres y perpetúa la opresión hacia las mujeres. En contextos de acusaciones de violencia de género, algunas corrientes radicales pueden exigir políticas y leyes que protejan a las mujeres de manera enérgica, llegando a cuestionar las garantías procesales de los acusados.

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