Carles Puigdemont anuncia que vuelve a España tras varios años fugado.

Debe ir a prisión en cuanto pise suelo español, el suelo de la Nación que quiso romper.

Espera salir impune de esta, pero no se lo debemos permitir: tiene que ser detenido para que se haga justicia. 

Puigdemont ha desafiado abiertamente nuestras leyes y ha tratado de fracturar la unidad de España, promoviendo un referéndum ilegal y declarando una independencia unilateral que fue un ataque directo a nuestra Constitución y a nuestro modo de vida. Desde entonces, ha huido de la justicia cual cobarde.  

Ahora vuelve para montar un espectáculo y con la esperanza de que su socio Sánchez mueva hilos para asegurar que se le aplique la amnistía y así librarse de prisión.

No se trata solo de una cuestión legal; es un deber patriótico. España es una nación de leyes, y estas deben ser respetadas y defendidas con vigor. 

Permitir que alguien que ha cometido acciones tan graves eluda la justicia sería una traición a los principios que todos compartimos y a los sacrificios que hemos hecho como país.

No podemos permitir que un solo individuo socave lo que hemos construido juntos a lo largo de los siglos.

Además, el Tribunal Supremo ya decidió que es sospechoso de posibles delitos a los que no resulta aplicable la Ley de Amnistía, por lo que no podrá librarse.

La detención de Puigdemont daría lugar a un nuevo escenario político que Sánchez teme: todo su plan saltaría por los aires. De nada habría servido la Amnistía y el acuerdo del PSOE y ERC no valdría para nada.

¡Sánchez no teme que venga Puigdemont, teme que lo detengan!

Más de siete años después de su marcha a Bruselas, Carles Puigdemont ha confirmado que regresará a España en un movimiento que podría condicionar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

Salvo sorpresas, lo habitual es que el magistrado le interrogue y decida si hay motivos para enviarle a prisión, y el riesgo de fuga por haber estado huido todo este tiempo no juega a su favor, teniendo en cuenta además que el delito por el que sigue procesado, malversación, podría traducirse en hasta 12 años de cárcel.

Pero convendría recordar e insistir en lo evidente: lo que los españoles están contemplando desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa es un imparable proceso cuya última finalidad es la destrucción de España, tal como todavía la conocemos, en su independencia política y en su integridad territorial. Si bien se mira, las concesiones que Sánchez y todos y cada uno de los miembros de su gobierno vienen impávidamente haciendo es dar cauce a las reclamaciones separatistas para convertirse en estados independientes. Naturalmente a cambio de los votos para que siga como presidente del Gobierno. 

Pedro Sánchez y su Gobierno están haciendo todo lo posible por rematar sus peores tropelías sin apenas resistencia, en ese viaje siniestro emprendido ya en 2018 para dotarse a sí mismos de inmunidad e impunidad.

Lejos de dar una explicación razonable y precisa sobre el comportamiento de su esposa o de su hermano, el líder socialista ha aumentado la ofensiva represiva contra quienes, simplemente, cumplen con su misión de enjuiciar los hechos o informar e investigar sobre ellos, dos funciones esenciales en un sistema democrático.

David Sánchez Pérez-Castejón estudió música en San Petersburgo y tuvo una trayectoria de escaso recorrido hasta que en 2017 se le adjudica una plaza de alto cargo de libre designación en un puesto de nueva creación en la Diputación de Badajoz, que gobierna el PSOE.

La Agencia Tributaria ha comunicado a la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "incapaz" de justificar un patrimonio de 1,7 millones de euros. En sus últimas cinco declaraciones de la renta, solo ha podido demostrar ingresos por un total de 220.000 euros, según ha informado El Debate. 

En el documento figura que el año pasado, en 2023, David Sánchez ingresó 75.957,62 euros. También se incluye una tabla con las cifras de los últimos cuatro años: en 2022 ingresó 38.588,61 euros; en 2021 declaró 17.616,11 euros; en 2020 ingresó 38.362,19 euros; y en 2019 figuran cobros por valor de 51.081,14 euros. En total, 221.605,67 euros, una cifra muy alejada de los 1,7 millones de euros que ha declarado como alto cargo de la Diputación de Badajoz. Dentro de la corporación provincial, el músico ostenta el cargo de jefe de la oficina de Artes Escénicas. Una responsabilidad por la que percibe 55.760 euros anualmente.

Así, pues, es imposible abordar en un único artículo todos los casos de corrupción delictiva del partido de la "honradez centenaria" y tampoco cabe realizar aquí una trituración completa de la colección de corrupciones no delictivas del PSOE. Nos conformaremos con desvelar la falsa conciencia de los millones de cómplices culpables que cada día justifican las tropelías del partido del puño y de la rosa, acémilas sectarias reconfortadas con lemas como "Somos la izquierda", que para sus entendederas maniqueas significa "Somos los buenos" y el infierno son los otros.

Las corrupciones delictivas del PSOE —sólo durante el Régimen del 78— pueden recitarse a modo de sinfonía inacabada: Caso Filesa, Caso Flick, Caso Hacienda, Caso Rumasa, Caso Aller, Caso Seat, Caso AVE, Caso Arcos, Caso Guerra, Caso Roldán, Caso Gal, EREs de Andalucía, Caso Asesores, Caso Ciempozuelos, Cursos de Formación, Caso Campeón, Caso Mallén, Caso Comercio, Caso Matsa, Caso ACM, Caso Alhambra, Caso Feval, Operación Madeja, Caso Delcy, Tito Berni, Caso Koldo, etc.

Corrupción política también es enardecerse con la idea de los "Pueblos", olvidándose de la Nación y del Estado. Corrupción política es hablar de "nación de naciones" y recortar la soberanía en función de privilegios y no de leyes comunes. Corrupción política es el llamado "derecho a decidir", es que te importe más que los discursos de los secesionistas se digan en nombre de la democracia que el hecho de que atenten contra España. 

Vacunados contra la realidad objetiva, los cómplices culpables olvidan que el mayor recorte de gasto público que se recuerda en la democracia española lo llevó a cabo Zapatero; que antes de Zapatero, la "reconversión industrial", acompañada de la privatización de las antiguas empresas estatales del INI, la efectuó Felipe González. Tampoco tienen en cuenta la distribución de la sanidad y de la educación en taifas descentralizadas. Estos amantes de la "igualdad, la equidad y la justicia social" 

¿Darán igual todas las condenas que se le imputen al partido de los "140 años de honradez"? ¿Seguirá brillando el PSOE en su máxima pureza, a pesar de los múltiples casos de corrupción delictiva y no delictiva que tengan lugar en su seno?