¿Ha sido la reflexión de Pedro Sánchez una chancletada…?

Tal vez ahora sea el momento para formular una respuesta verosímil, con recorrido electoral, al sí que ha dado pedro Sánchez de continuar como presidente del gobierno.

No sé si somos conscientes del peligro que esta forma de hacer política comporta. No sé si nos damos cuenta de cómo Pedro Sánchez, cada vez más, cimienta su liderazgo en el vaciamiento de contenido verdaderamente político, de un proyecto que mucho tiene que cambiar para dar como resultado la regeneración democrática que invoca.

Algún día se conocerán las razones exactas del cambio de actitud respecto al Sáhara y si tiene algo que ver con Pegasus y el contenido de su teléfono.

¿Tienen algo que ver las escuchas que sufrió mediante la utilización del programa Pegasus con lo que ha sucedido estos días y con su actitud con respecto al Sáhara…? ¿Qué encontraron en su teléfono, qué grabaron los servicios de inteligencia marroquíes? Alguien podría replicar que me estoy excediendo con la pregunta. ¡No lo creo! Porque, mientras no se desvele el trasfondo de ese cambio tan extraño, cualquier teoría es posible. Y eso en primer lugar. El caso Pegasus saltó a los medios en abril de 2022. Fue entonces cuando se conoció públicamente, pero estaba siendo investigado desde antes. En esos mismos tiempos, el presidente Sánchez anunciaba, de forma unilateral, sin consultar al Parlamento, pero tampoco a su partido, un giro radical a la política de España sobre el Sahara y su apoyo a la posición marroquí de considerarlo territorio de soberanía marroquí.

Nunca ha explicado Pedro Sánchez por qué dio ese cambio tan contundente. No ha expuesto argumentos de fondo, razones de conveniencia... Y tampoco si detrás se esconden presiones y, en ese caso, de quién o quiénes. Desde luego, tendrían que provenir de alguien con mucho poder.

El viejo continente vive un momento de rearme militar nunca antes visto en este siglo y la OTAN ya ha realizado varios ejercicios de maniobras ante las fronteras del Estado ruso. A mediados de marzo, la organización del Tratado del Atlántico Norte realizó un encuentro de maniobras militares, denominó “Steadfast Defender 2024”, unas pruebas en Polonia con 90.000 soldados de la organización, entre ellos españoles.

Por otro lado, el gasto militar también se ha visto influenciado por las contiendas militares en el mundo. En 2022, el gasto militar de la Unión Europea (UE) era de 1,6% del PIB. Este 2024 los miembros de la OTAN acordaron subir su gasto militar al 2% antes de 2030, aunque en marzo de 2024 el secretario general de la OTAN ya celebró que dos tercios de la Alianza cumplirían con ese objetivo este año.

Así, pues, a partir de 2025 volverán a entrar en vigor las “normas fiscales”, que imponen a cada país de la UE un déficit público por debajo del 3% del PIB y un nivel de deuda pública que no supere el 60% del PIB. Durante la pandemia quedaron en suspenso, para poder hacer frente a la enorme inyección de dinero público necesaria para evitar una hecatombe mayor. Pero ahora ha decretado el final de la “barra libre” en el gasto público. Hay que volver a la “austeridad”.

En la negociación sobre las nuevas reglas fiscales la Comisión Europea fija un suelo de reducción del déficit del 0,5% del PIB. Que en nuestro caso supondría un hachazo de 7.100 millones anuales.

El FMI ha exigido a España “una senda más ambiciosa de consolidación fiscal” que “empiece por un ajuste de 7.500 millones anuales”. Y Alemania, encabezando a los “halcones” europeos de la ortodoxia fiscal, exige recortes equivalentes al 1% del PIB. Para España un hachazo de 14.270 millones cada año. La AIReF, el organismo creado por imposición de la UE tras el “rescate-atraco” de 2012, y que cumple el papel de “policía de los recortes”, ha cifrado el “ajuste” necesario en 30.000 millones hasta 2026. Es casi el triple del total de ayudas concedidas por el “escudo social”. Por cada euro ahora nos quieren quitar tres.

El “Gobierno progresista” ha comprometido con Bruselas que el futuro ejecutivo no incrementará el gasto público por encima del PIB nominal en ningún caso. Con lo que nos espera un claro ataque a la calidad y la viabilidad de los servicios públicos esenciales. Algo que, sin embargo, no se va a aplicar al gasto militar, que tras un crecimiento récord en el gasto para los presupuestos de este año del 26% seguirá incrementándose hasta alcanzar un mínimo del 2% del PIB al que se ha comprometido el presidente Sánchez con la OTAN. Y algo que tampoco sucederá con las subvenciones a las grandes empresas dado que se pretende que queden fuera del marco de la deuda para garantizar la mal llamada transición ecológica y digital blindando el beneficio empresarial a toda costa.

La pandemia obligó a elevar el gasto público sanitario hasta el 7,5%. Pero ese esfuerzo no se ha mantenido. Al contrario, se ha reducido. En el plan presupuestario enviado por el gobierno español ha Bruselas se contempla un gasto público en sanidad del 6,7% del PIB. Por debajo de lo prometido, y muy por debajo de lo invertido en 2020.

La infrafinanciación de la sanidad pública debilita una de las “joyas de la Corona” del sistema del bienestar. Nuestra salud sale perjudicada. Y los únicos que se benefician son los grandes monopolios de la sanidad privada. ¡Los recortes en sanidad perjudican nuestra salud y solo benefician a los gigantes de la sanidad privada!

Según el Ministerio de Sanidad hemos alcanzado un triste récord en las listas de espera: casi 800.000 personas esperan que deben pasar por el quirófano no lo han hecho todavía. Una espera que de media alcanza los 120 días, pero que en determinadas especialidades llega a los 400 días… más de un año. Si miramos a los países europeos de nuestro entorno, con los que debemos compararnos, el gasto público en sanidad está entre el 8,5% y el 10% del PIB. Para igualarnos con ellos necesitaríamos aumentar el gasto público en sanidad entre 25.000 y 47.000 millones más cada año.

Frente a los grandes beneficios empresariales que en muchos sectores económicos han sido récord ya desde finales de la pandemia, el Banco de España publicó un informe sobre la situación financiera de los hogares españoles en el que se destaca que el 9%, 1,6 millones de familias, se encuentra en situación de vulnerabilidad por tener graves dificultades para llegar a final de mes. El dato supone un incremento de 30.000 personas más que antes de que comenzase la crisis inflacionaria agravada por el conflicto de Ucrania. Todo ello bajo el mandato de un gobierno que se autocalifica como “el más progresista de la historia” y que no para de sacar pecho por haber implementado lo que han llamado el “escudo social” para que nadie se quede atrás, anunciando, entre otras cosas, el fin de los desahucios cuando solo el año pasado hubo una media de 105 desahucios diarios (más de 38.000) y la mayoría sin alternativa habitacional. Con una crisis de los precios, sobre todo de los alimentos, los alquileres y las hipotecas que está suponiendo un golpe tremendo a los niveles de subsistencia de la mayoría social.

Es mucho lo que nos estamos jugando en estos momentos, como demuestran los ajustes que vienen y por eso no nos podemos dejar engañar con promesas vacías que nos paralicen ante la amenaza de la reacción por la posible llegada de Vox al gobierno.

Lo que necesitamos es construir una alternativa política de independencia de clase que levante un programa de lucha contra las políticas reaccionarias que  vienen…

Cabe preguntarse si gobernara el Partido Popular  tendría la suerte de verse libre de todas estas reglas y presiones que vienen dictadas  desde Europa.