El discurso del Rey anclado en el pasado

La sociedad se enfrenta a enormes dificultades para sobrevivir día a día, y no se comprende por qué una familia puede acumular poder y privilegios sin mérito conocido. Un proceso constituyente debe dar paso a la formación de un estado democrático, federal, laico y republicano. Pocos creen ya en los reyes ni en sus palabras ni en sus herederos ni en su familia. Quieren aparentar ser una familia «normal» y no lo consiguen porque no lo son. Viven en las alturas a costa de muchos españoles que difícilmente pueden sobrevivir.

En el modelo social y político que muchos españoles anhelan, la monarquía perdería el trono.

El rey ha pronunciado un discurso sin una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba. Cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado definitivamente atrás y de que Felipe VI va a ser el último.

Tras mencionar 18 veces el texto constitucional, Felipe VI ha retomado el asunto de la agenda social, pero lo ha hecho situando la Carta Magna como su condición de posibilidad. "Hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda también es muy importante: la que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y de entender la vida", ha dicho.

El monarca ha vinculado al texto constitucional el derecho a recibir una educación, a tener un empleo, a protegerse de la enfermedad, a acceder una vivienda, a formar una familia, a contar con una ayuda social o a disponer de un retiro digno". Derechos que, efectivamente, aparecen mencionados en diferentes partes de la Carta Magna, pero cuya constancia en este texto, que ha centrado el discurso de Felipe VI, no se ven cubiertos en muchas situaciones ni garantizados por los poderes públicos.

Sin embargo, no ha mencionado en este sentido los recortes en sanidad y educación perpetrados por la derecha en las instituciones en las que gobierna (y donde rechaza aplicar la ley de vivienda que pone límite a los alquileres), los espectáculos y ofertas culturales cancelados y censurados por los gobiernos de coalición entre el PP y Vox, o los desplantes de la extrema derecha a los minutos de silencio institucionales contra crímenes machistas o contra la mujer que sólo se celebran bajo el epígrafe negacionista de "violencia intrafamiliar".

Así, pues, cada vez son más los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna y asequible.

La mayoría de jóvenes en este país no pueden vivir, no pueden tener hijos, no pueden independizarse porque tienen que destinar gran parte de su salario a tener un techo. Hay que empezar a decir que la vivienda es un derecho…

Sí, la vivienda es un derecho recogido en la Constitución que deberán de garantizar y amparar las autoridades públicas, pero no los propietarios privados que pueden hacer con sus pisos lo que les parezca.

Javier Díaz-Giménez (economista) afirmó que “muchos propietarios están convirtiendo sus viviendas en alquileres turísticos para no sufrir impagos u ocupaciones. Y es que, según el economista, estos desequilibrios en el mercado de la vivienda se deben a "la desprotección de los propietarios y al exceso de la protección de los inquilinos".

Con respecto a la sanidad cabe recordar que en una ocasión, antes de una de las numerosas intervenciones a las que ha sido sometido, su padre, el rey emérito en los últimos años, le preguntaron a un portavoz de la Casa del Rey por qué había escogido una clínica privada para operarse y no un hospital público. La Casa se escudó entonces en razones de "seguridad y comodidad" y quiso puntualizar que optar por la sanidad pública a toda costa, para responder a la presión social, habría sido "demagógico".

Así, el cuidado de la salud de Don Juan Carlos, más allá del equipo de Zarzuela, ha estado casi siempre en manos privadas. De las cerca de veinte operaciones a las que se ha sometido desde una primera apendicitis que sufrió en Tánger en 1954, el 90% se han llevado a cabo en centros que no formaban parte de la red pública.

Todo el mundo recuerda las imágenes del rey Juan Carlos saliendo con un bastón a hablar con la prensa y decir aquello de "lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Fue después del accidente de Botsuana, en abril de 2012, tras ser operado de la cadera derecha en el Hospital San José de Madrid. Ese centro privado, que entonces pertenecía al grupo USP Hospitales, fue escenario habitual de las operaciones del rey durante años. El doctor Villamor le intervino allí varias veces de la cadera y del talón de Aquiles. También le pusieron una prótesis en la rodilla derecha. Además de la cadera, también la espalda le daba problemas. En marzo de 2013, el doctor Manuel de la Torre le operó de una hernia discal, esta vez en la Clínica La Milagrosa. Cuando apenas se estaba recuperando de esta operación, se anunció una nueva operación de cadera. En esta ocasión iban a poder contar con uno de los grandes especialistas en este campo, el doctor Miguel Cabanela, llegado de la prestigiosa Clínica Mayo de Minnesota.

Se valoró operarle en La Paz, pero se desestimó por su alto coste en términos sociales (había que cerrar media planta del hospital para asegurar la privacidad y la seguridad del rey).

La única vez que se tiene constancia de que Don Juan Carlos optara por la sanidad pública fue cuando fue intervenido de un nódulo en el pulmón que resultó ser benigno. Lo hizo en el Clínic de Barcelona que, por cierto, también tiene una parte de negocio privado que le sirve para cuadrar cuentas.

La solución a las enormes listas de espera sanitarias no pasa por debilitar la sanidad pública para favorecer el negocio de lo privado, pasa por invertir más recursos en la sanidad pública.

Así, pues, la monarquía está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición a la democracia; pero transcurrido el tiempo, no tiene razón de ser, ni que la persona del rey sea inviolable ni que quede exenta de responsabilidad.

El tiempo pasa y la popularidad de la monarquía ha decaído; no se puede vivir siempre, ni de herencias recibidas ni de rentas políticas del pasado. En un sistema democrático, no deberían caber privilegios hacia personas, familias, o castas. La transparencia debería ser un principio de actuación y administración ineludible. La opacidad y la irresponsabilidad son constantes en la persona del rey y su casa.

Los privilegios que los componentes de la familia real ostentan, son un agravio comparativo hacia el resto de la ciudadanía. ¡Es una flagrante injusticia! Es una casta familiar, que se encuentra por encima de la ley, que no rinde cuentas… El solo hecho de haber nacido en una «familia real» u ostentar el apellido Borbón, les hace poseedores del gozo y de los mayores privilegios. Hemos creado una sociedad desigual desde arriba, con privilegios para unos pocos, por el mero hecho de nacer en cuna de oro.