El mundo de la cultura se une para denunciar “el retorno de la censura” tras los pactos de PP y Vox

 

“Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin cultura no hay democracia”, exigen desde la recién creada  Plataforma Artes Libres, impulsada en el entorno de las artes escénicas.

Una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado, otra de Virginia Woolf que aborda la homosexualidad, una tercera que habla sobre trastornos alimentarios, la última película de Buzz Lightyear que incluye un beso lésbico. Estos cuatro títulos tienen en común haber sido recientemente censurados en cuatro municipios diferentes por sus ayuntamientos, gobernados por PP y Vox. La respuesta desde el ámbito de la cultura no ha tardado en llegar. La recién surgida Plataforma de Artes Libres ha emitido este miércoles un comunicado con el que esperan recabar apoyos para hacer frente a los vetos ideológicos que se están produciendo.

El Ayuntamiento de Briviesca (gobernado por el PP con el apoyo de Vox y de Ciudadanos) ha cancelado una obra de teatro que homenajeaba a un maestro de la Bureba (Burgos) que prometió a sus alumnos que en verano les llevaría a Cataluña para conocer el mar, pero que no pudo cumplir su promesa porque fue fusilado en julio de 1936. Se trataba de Antoni Benaiges, profesor de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, a cinco kilómetros de Briviesca.

Así, pues, en unos pocos años hemos pasado de ser la excepción en Europa (por no tener un partido de ultraderecha en el Congreso) a tener varias comunidades autónomas con gobiernos de extrema derecha.

Vox es un partido extremista y peligroso, quiere eliminar derechos y libertades básicas de las mujeres mientras niega la existencia de la violencia machista, defiende la privatización de las pensiones. Un partido de ultraderecha que criminaliza a los sindicatos, que persigue a las personas por su orientación sexual o que considera que los inmigrantes son personas de segunda que no merecen derechos básicos sino enseñarles la puerta de salida.

La ola autoritaria que sufre Europa desde hace unos años ha llegado a nuestro país. Basta ver lo que sucede en Italia, Polonia, Hungría… En todos estos países están desmantelando derechos y conquistas sociales, las mujeres tienen menos libertad, los homosexuales son perseguidos y los inmigrantes son tratados como escoria. Pero luego vendrán los recortes y las privatizaciones porque lo que realmente quieren es reducir lo público a cenizas.

Para Feijóo y la ultraderecha, la educación y la sanidad no son derechos, son simple mercancía, un lucrativo negocio para los millonarios. ¡Dicen que defienden a la mayoría, pero propugnan que la educación y la sanidad estén en manos privadas y que cada uno se pague la suya!

No quieren contribuir al bien común porque solo les preocupa la propiedad privada y maximizar sus beneficios. ¡Es pura codicia! Necesitan una industria de la mentira, del odio y de la polarización. Se aprovechan de la precariedad vital, del hartazgo y la decepción para sembrar ira y recoger los frutos.

Así, la extrema derecha está detrás de campañas de bulos, usualmente mediante el empleo de bots y de cuentas falsas, para incidir en la opinión política pública. Esto se ha visto en América Latina, por ejemplo en Bolivia o en Brasil, pero también en Europa. En Reino Unido se dio el caso de Cambdrige Analytica, que manipuló la opinión de la campaña del Brexit en Reino Unido mediante el uso ilegal de datos de la red social Facebook; o en España, donde se detectaron cientos de miles de cuentas falsas que distribuyeron información sesgada sobre la pandemia.

Una ideología política que necesita mentir descaradamente de forma constante y que manipula emocionalmente a la gente a través de sus sesgos cognitivos y emocionales no debería ser colocada a la misma altura que el resto de posturas políticas.

Además, una ideología que niega problemas tan graves como la desigualdad o el cambio climático, o que rechaza la evidencia científica, cobra un plus de peligrosidad.

Una de las primeras medidas que aprobó el Gobierno de coalición progresista fue la derogación del despido por baja médica (antes de la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, el despido se podía considerar procedente, pero ahora si una empresa despide a su trabajador por estar de baja se considerará despido improcedente). Vox votó en contra de esta reforma y desde entonces ha sido crítico con ella.

El PSOE ha incidido precisamente  que el único proyecto que tiene el PP es "derogar" todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. O lo que los populares llaman "derogar el sanchismo". Durante la mayoría de actos del presidente y líder de los socialistas se pudo escuchar el mensaje: "El PP solo sabe conjugar dos verbos: derogar y recortar".

 Pretenden destruir todo lo construido, acabar con los avances sociales. Derogar todo lo aprobado. Por ejemplo, cuando hablan de derogar el sanchismo quieren decirnos que habrá que derogar el aumento del SMI y volver a los 755 euros de Rajoy.

En definitiva, se trata de demoler aquello que forma parte de nuestro sentido común. En este caso los derechos humanos, para sustituirlo por un nuevo sentido en el que sea aceptable que el acceso a determinados recursos, a determinados derechos, sólo estén reservados a unos pocos. Y ahí reside seguramente el eje de esta ofensiva cultural e ideológica de la extrema derecha que requiere de una extirpación completa de cualquier conato de libertad, justicia y fraternidad.

Nuestra lucha, la lucha de la izquierda, no puede ser otra que la lucha por la recuperación de la comunidad, el apoyo mutuo, el proyecto colectivo. Lucha que pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la recuperación de los valores constitucionales, hoy en gran medida vaciados.