Germán Costoya y el multamovil.
Para muchos
conductores reducir la velocidad a 30 km/h en la carretera de Catabois es una medida «excesiva» que acabará
acarreando más inconvenientes que ventajas.
Si se cumple a rajatabla, la carretera de Catabois se va a
colapsar en los horarios que antes no había atascos, en las horas punta. Los de
los repartidores y transportistas son algunos de los sectores a los que este
límite en la velocidad podría afectar más directamente.
Algunas ciudades se
plantean o ya han decidido volver a la velocidad máxima de 50 km/h.
En el caso de la ciudad leonesa, había reducido a 30 km/h
las vías que servían como puertas de entrada a la ciudad. Tras varias semanas
de prueba, el Ayuntamiento de la ciudad
volvía a instalar el límite 50 en la gran mayoría de estas vías
Reducir hasta tal
punto la velocidad conseguirá el efecto contrario, un aumento de accidentes.
«Ir a 30 km/h por la carretera no es realista, va a incentivar que haya más
accidentes. Esta medida provocará que se produzcan adelantamientos que
incrementarán el riesgo de colisiones.
La Asociación de Talleres de Automoción de Bizkaia, BAT, señaló hace varios meses que su aplicación no
iba a suponer una mejora del medio ambiente.
Según publicó El Correo, esta asociación de talleres aseguró
entonces que conduciendo al límite de velocidad mencionado se incrementa la
contaminación y "los coches sufren más".
Esta opinión la
argumentan en que al circular a tan baja velocidad se utilizan marchas más
cortas lo que hace que se genere más contaminación que si se utilizase una más
larga. A esto se añade que la situación se agrava con los sistemas
Start&Stop de arranque y parada automática que ya prácticamente todos los
coches nuevos equipan.
Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro van más allá y afirmaron que es "imposible
cumplir la limitación" porque según afirman, ir a 30 km/h supone
practicar "un tipo de conducción totalmente artificial". Además un
coche que cumpla la normativa Euro V o VI si circula a esa velocidad de forma
continuada tendrá problemas para efectuar una auto-regeneración del filtro de
partículas, un componente destinado a eliminar la partículas de hollín de la
combustión, cuando alcance su punto de saturación.
Los grandes
beneficiados de esta medida son los automóviles eléctricos dado que a baja
velocidad su autonomía se optimiza y su mayor capacidad de retención evita
recurrir a los frenos.
El objetivo parece claro: eliminar los coches de combustión.
Lo que no sabemos es si será cuestión de unos pocos años o todavía aguantarán
varias décadas. El coche eléctrico tiene cada vez un rol más importante entre
los planes de los fabricantes del motor y tanto los coches de gasolina como
diésel están siendo apartados, en algunos casos de manera decidida y en otros
de forma más tímida.
Estos son los planes
de España y la Unión Europea para poner fin a los coches de gasolina y diésel.
Una estrategia que por el momento no pasa por una prohibición directa, pero sí
pone serios límites. Unas restricciones que tienen por objetivo acelerar la
transición al coche eléctrico y hacer que a medio y largo plazo, los coches de
combustión desaparezcan.
Al final este tipo de medidas, sin la correcta
fundamentación, no gozan del favor del público. Se perciben como ánimo recaudatorio, formas de desincentivar el
vehículo privado o directamente como formas de tocar las narices. Si
implantan la medida, tendremos por delante cuatro años de quejas, hasta que los
electores decidan otra cosa y los que vengan después dejen las cosas como
estaban.
Así pues, el radar y el multamóvil en Ferrol triplican la
previsión presupuestaria habitual.
El Concello triplica
las previsiones económicas de los últimos ejercicios y en el borrador de los
presupuestos para el 2021 cifra en 2,2 millones de euros las expectativas de
ingresos por infracciones a la ordenanza de circulación.
La cuestión de la recaudación por multas ha despertado la
crítica política al borrador de los presupuestos presentado por el gobierno. El
PP, que tiene doce de los 25 concejales del arco municipal, censuraba hace unos
meses, por boca de su viceportavoz municipal, Martina Aneiros, que el
incremento de los presupuestos hasta los 83 millones de euros respondía a un
endeudamiento de 12 millones de euros, «que va a pedir a los bancos» y a un
«incremento de los impuestos y de las sanciones, en definitiva, a cargo del
bolsillo de los ferrolanos».
Con estos mimbres, el gobierno local admite el importante
incremento en las previsiones y explica que se ha tenido en cuenta la
recaudación de los últimos dos ejercicios para la consignación presupuestaria
en el nuevo borrador, «aunque lo que le gustaría a este concejal es que la
recaudación fuera cero», declaró el edil de Seguridad e Tráfico, Germán
Costoya. Por el momento, el Ayuntamiento aspira a ingresar este año 2.245.000 euros.
Hace unos meses, cuando se conoció el avance de la
liquidación del ejercicio 2020, los populares ya advertían de la recaudación
«histórica» que suponía llegar a los 2,5 millones de euros -1,75 más de los
previstos inicialmente- y acusaba al ejecutivo de Ángel Mato de «asfixiar a los
ferrolanos con sanciones»
Por su parte, el BNG
advirtió en un diario local del incremento de la presión fiscal que «agochan»
los presupuestos. «O goberno local pretende compensar a perda de ingresos,
por renunciar ao IBI de Navantia e aos tributos que o Ministerio de Defensa e a
Autoridade Portuaria deberían aboar mediente un incremento exponencial da
recadación por multas e sancións», declaró el portavoz nacionalista en el
Concello, Iván Rivas. Acusaba al gobierno de «desmedido afán recadatorio» y de «indiferenza» ante la crisis
económica por el covid y la falta de carga de trabajo en los astilleros que
sufren los vecinos. Y recuerda que la empresa que gestiona las multas recauda
un 25 % de su importe y que «verá substancialmente incrementados os seus
beneficios».

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