En Ferrol viven ciudadanos sin luz ni agua corriente, pero parece que a los políticos no les importa nada.

Una ser sin hogar es un excluido; y esta exclusión es fruto de sucesivas rupturas, familiares, laborales y sociales que, paulatinamente, le van alejando del mundo del trabajo, de los sectores que perciben rentas, condenándole a una vida de aislamiento, carente de interrelaciones y caracterizada por la total ausencia de perspectivas de futuro. Sobrevive, sin más, y precisa de ayuda externa para salir de ese abismo. Podríamos decir que el proceso de exclusión social es el resultado final de una sucesiva concatenación de acontecimientos traumáticos que, cual si se tratase de insalvables obstáculos, dejan al margen de la participación en la vida social al individuo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, establece, en su artículo 25, apartado 1º, que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La Constitución Española en su artículo 47 recoge el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La Constitución viene así a reconocer tal derecho como uno de los principios rectores de la política social, en virtud del cual los poderes públicos tienen la obligación de actuar cuando el ciudadano se encuentre en una situación de necesidad que le impida satisfacer este derecho.

Por ello, los poderes públicos deben adoptar medidas de regulación y de remoción de obstáculos para garantizar una vivienda digna y adecuada a quien verdaderamente la necesita y no pueda obtenerla razonablemente por otros medios; bien proporcionándole directa o indirectamente los medios necesarios para acceder a una vivienda adecuada, bien incluso, cuando sea absolutamente necesario, procurándole una vivienda directamente o a través de fórmulas de colaboración con la iniciativa pública y privada.

Han pasado más de dos años desde aquel 15 de junio del 2019, en el que Ángel Mato Escalona  prometía abordar los problemas más urgentes de la ciudad.

En la mañana del martes, día 16 de junio del 2015, y por medio de una filtración anónima se daba conocer el acuerdo programático de mínimos entre Ferrol en Común y el PSdG-PSOE  para el gobierno municipal ferrolano.

El acuerdo comenzaba con un preámbulo en el que se indicaba que "La ciudad de Ferrol y su vecindad vive un momento crítico." Sin embargo se priorizaron los resultados electorales y las políticas partidistas al interés de la ciudad, sin afrontar los problemas reales que afectan a la ciudadanía, Ferrol merece un gobierno responsable, que palíe la situación de emergencia social y revierta la privatización constante de servicios públicos.

Las fuerzas firmantes del presente documento entendían la política como la búsqueda del bien común, y en ese sentido, se comprometían a favorecer la buena gobernanza de Ferrol a través del diálogo y la búsqueda del consenso durante los próximos cuatro años, para promover un gobierno con propuestas políticas concretas… algunas de estas propuestas eran: 

Compromiso de garantizar las necesidades básicas no cubiertas, en alimentación, electricidad, agua, etc, de los sectores más vulnerables, agilizando la tramitación de las ayudas de emergencia para casos puntuales. Realizar el estudio sobre una renta básica municipal.

Creación de la Empresa Municipal, de Vivienda (Recimil, actuaciones de urbanización de iniciativa municipal…) con competencias en gestión y desarrollo de políticas proactivas de subvención a la rehabilitación privada, promoción pública de rehabilitación para alquilador social (ancianos/a las, desahuciados/las, desempleados/las, estudiantes etc…) a través de la movilización de viviendas vacías e inversión pública mediante la adquisición directa que permita una política de vivienda rehabilitada de carácter social.

Blindaje de los Servicios Sociales, dotándolos del personal necesario para que desarrollen correctamente sus actividades. Estabilidad presupuestaria, tanto para la Administración como para las entidades de iniciativa social.

La reciente historia democrática española está plagada de promesas que en muchas ocasiones devinieron en incumplimientos flagrantes.

Lo bueno que tiene Internet y las redes sociales es que las promesas quedan ahí para siempre. Antes se acudía a la hemeroteca, pero ahora sólo hace falta poner unas palabras clave en la pantalla para encontrar lo que unos y otros decían que iban a hacer (o que no) y luego hicieron.

Es cierto que no hay verdades absolutas, pero cuando se le pierde el respeto a la ciudadanía se acaba cayendo en la mentira o en la falacia para atacar al contrincante o defender propuestas que sabes que nunca podrás cumplir. Esas prácticas conducen a la desafección de los ciudadanos hacia un sistema que nos costó mucho alcanzar y que cada día corre más riesgos.

Y si grave es la mentira durante una campaña electoral, mucho más es faltar a la verdad desde puestos de responsabilidad; en el Gobierno, en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento. La última moda en nuestro país es echar la culpa a otras instancias de los incumplimientos propios.

Nuestro querido alcalde una vez transcurrido el tiempo de las promesas electorales se “relaja con el mar” en una entrevista a un diario local afirmaba: “Lo único que me relaja es el mar, amante del café y del tabaco, disfruta con el surf aunque admite que con la tabla es «un paquete” y el diálogo entre unos y otros brilla por su ausencia.

Para el Grupo Popular el  señor alcalde antepone los intereses de la ciudad a los partidistas en los presupuestos. Martina Aneiros  centraba las propuestas de los populares en tres ejes (el empleo, la reactivación económica y la atención a las personas) y en un "proyecto de ciudad" que, ha recordado, fue el más votado en las pasadas elecciones "al recibir la confianza de más de 14.000 ferrolanos".

Jorge Suárez en rueda de prensa advierte a Mato que las organizaciones políticas «no negocian a través de un micrófono y de los medios de comunicación, negocian en una mesa de diálogo, junta de portavoces, comisiones informativas y Pleno municipal, que son los instrumentos necesarios para llegar a acuerdos.« Y Ángel Mato acusa al grupo municipal de Ferrol en Común de "comprometer el futuro de la ciudad"

Así pues, mientras unos y otros no se entienden, en Ferrol viven personas en casas en ruinas, sin luz eléctrica, ni  agua corriente… para poder asearse tienen que recoger agua en una fuente pública y calentarla en cazuelas… pero esto a los políticos ferrolanos parece no importarles nada.

 Es posible que si ocurre un accidente y un okupa queda sepultado bajo los escombros el alcalde y los demás políticos aprovechen la ocasión para lucirse con una visita a la zona del siniestro y hacerse la foto.

El macartismo político, esa nueva inquisición, crece en nuestro país imponiendo verdades que no lo son y mentiras que se convierten en el centro del debate. Cada bloque defiende sus postulados, sean falsos o verdaderos, en busca de un poder que, cuando consiguen, solo se preocupan de mantener. ¿Hasta cuándo?