El caso Alberto Rodríguez

 

Unidas Podemos tilda de "vergüenza" la condena del Tribunal Superior de justicia al diputado Alberto Rodríguez y habla de  justicia corrupta al  servicio del poder.

Alberto Rodríguez se expresa de este modo: “Si yo no fuera un pibe de barrio, canario y de familia obrera, ¿me hubieran quitado el escaño?”

Este sábado ha anunciado que abandona la militancia en Podemos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicara la pérdida de su condición de diputado.

“Uno debe saber cerrar ciclos, aprender he aprendido mucho, cuáles son las virtudes y dónde están los límites de las fuerzas políticas estatales y pienso que toca cerrar un ciclo. Creo que entro en otro momento personal”, ha añadido Rodríguez, quien ha considerado su sentencia por agresión a un agente policial en una manifestación en La Laguna antes de ser diputado, como "un ataque a la democracia" y "la crónica de una infamia".

Ha añadido que "por supuesto" recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no encuentra cobertura en el sistema jurídico español.

El  Juez Bosch, afirma: “En el ámbito penal, la inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena. El cumplimiento directo del fallo no lleva a la destitución del diputado.

Sí que le habría hecho perder automáticamente la condición de diputado una condena a inhabilitación especial para cargo público, porque ese efecto está previsto en la ley. Pero el Tribunal Supremo no condenó a esa inhabilitación. Se puede constatar la diferencia entre los efectos de ambas inhabilitaciones en los artículos 42 y 44 del Código Penal. No puede haber la misma consecuencia para regulaciones que son distintas.”

“En los últimos años las tensiones políticas han llevado a algunas interpretaciones extensivas contra el derecho a la participación política. Eso no es positivo para el pluralismo, para la calidad de la democracia y para nuestro sistema de derechos fundamentales” añade.

Alberto Rodríguez ha anunciado que recurrirá la condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante "el descrédito de la justicia española". En un tuit tras hacerse pública la sentencia, el diputado ha indicado que la condena ha sido "sin ninguna prueba objetiva", en referencia a que ha prevalecido la palabra del policía, y ha destacado también que se ha dictado "con dos votos particulares demoledores en contra".

"El derecho de manifestación es cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor. Nos vemos en el TEDH", ha añadido el diputado de Podemos. También ha apuntado una reflexión: "Supongo que si hubiera robado cinco millones, ahora estaría absuelto".

La ciudadanía percibe que las leyes no siempre son iguales para todos. Las maniobras que tratan de secuestrar las instituciones judiciales están relacionadas con un fenómeno más amplio: los intentos de secuestro de la Justicia como valor.

Es peligroso que los jueces se erijan como poder autogestionado, autónomo y descontrolado (otra cosa es su función juzgadora, que sí ha de ser plenamente independiente).

En otros países democráticos, cuando un magistrado o un consejero judicial toma posesión, cualquiera que sea la forma en que ha sido nombrado, automáticamente deja de deberse a nada y a nadie más que a su libre criterio en el ejercicio de su noble función. En el resto de países de nuestro entorno los magistrados son elegidos por el Gobierno y el Parlamento.

Hace ya bastante tiempo que nuestros políticos progresistas dejaron de utilizar la expresión "casta" para referirse a gente privilegiada que cuenta con mecanismos para defender y mantener el poder de las élites.

La discípula de Aznar en la FAES, portavoz y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, llegó a decir que los jueces iban a ser el último freno al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Parece que sabía bien lo que decía. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, educada en un colegio elitista de Buenos Aires, en el Northlands School, un colegio bilingüe, carísimo colegio en el que estudió la mismísima Máxima de Holanda, la reina argentina de los Países Bajos, muestra con demasiada frecuencia la altanería de quién se considera a sí misma alguien especial por la pertenencia a una aristocracia rancia, en el sentido más peyorativo del término y por sus palabras, actitudes y comportamiento, parece que el gran drama de Cayetana es que no ha pisado suelo real en su vida.

 Hemos visto como el Tribunal Constitucional rechazó revisar la absolución de Francis Franco por el atropello a dos agentes de la Guardia Civil en 2012. Los guardias lo persiguieron durante 30 kilómetros, y cuando pudieron detenerlo en un camino entre las localidades de Collados y Laguerruela (en el Noroeste de Teruel), uno de los ocupantes encañonó a los agentes con una escopeta mientras el conductor daba marcha atrás con su coche y arremetía contra el vehículo de la Guardia Civil. Un agente resultó lesionado. El automóvil, hallado cinco horas después, estaba registrado a nombre de una sociedad propiedad de Francisco Franco Suelves, hijo de Francis Franco.

Un juzgado de Teruel sentenció, en febrero de 2018, que el conductor era el nieto del dictador. La decisión se basó principalmente en el testimonio de uno de los agentes, que lo reconoció como la persona que iba al volante. Por el contrario, el fallo tildaba de “poco creíbles” las declaraciones de los testigos que Franco aportó a la vista y que le situaban en Madrid el día que sucedieron los hechos. Sin embargo, meses más tarde la Audiencia provincial dio la vuelta al caso al considerar que durante la vista no se practicó “prueba de cargo suficiente” capaz de debilitar la presunción de inocencia del nieto del dictador.

Todavía recordamos el incidente que tuvo Esperanza Aguirre, la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid con un agente de movilidad de la capital.

Según publicaron diversos medios de la capital española, los hechos sucedieron en la Gran Vía madrileña cuando Aguirre aparcó su vehículo, un Toyota blanco, en un carril bus. Cuando uno de los agentes se acercó al coche pidiéndole la documentación para imponerle una multa, la ex presidenta de la Comunidad arrancó  y se dio a la fuga, tirando en su maniobra la moto del policía.

“El País” explicó que el motorista implicado y un coche de la Policía Municipal persiguieron a Aguirre hasta ponerse a su altura para pedirle que detuviera el vehículo, pero ella hizo caso omiso y continuó hasta su vivienda, en el barrio de Malasaña, entrando directamente al garaje.

Así pues, el juez archivó la fuga de Aguirre porque "no sabía que la Policía la perseguía" y el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el incidente que tuvo Esperanza Aguirre.

El  jurista debe ser, además de hombre de leyes, hombre de ley, es decir, un icono o referente social y moral, por su comportamiento ejemplar y por la integridad y rectitud de sus ideas y criterio.

La definición de Justicia y los preceptos jurídicos de Ulpiano siguen hoy en día vigentes en todos los ámbitos del derecho, sin embargo, pese a la sencillez de su planteamiento, “dar a cada uno lo suyo” no parece que sea tan fácil.

Una sociedad injusta sólo puede subsistir si se impone el dominio del más fuerte sobre los demás. Cuando esto ocurre, adquiere carta de naturaleza "la ley de la selva", que defiende y favorece el triunfo de los poderosos sobre los débiles.

En la vida de convivencia social, si no se respeta "lo suyo", difícilmente podemos esperar a que se reconozca "lo nuestro". Por eso se dice que el hombre no vive sino que convive y que en la vida social sobre el "yo" prevalece el "nosotros".

Es cierto que en esas sociedades puede existir una cierta legalidad pero carecen de la legitimidad exigida por el consentimiento mayoritario de la población.

Por eso es encomiable la lucha por el derecho a que se refiere Rudolf Ihering, cuando afirma que, el fin del derecho es la paz pero su medio es la lucha y, sobre todo, cuando sostiene que esa lucha debe basarse en el sentimiento del derecho y de la justicia que es innato en las personas, hasta tal punto, que, cuando el ser humano pronuncia la frase "no hay derecho", está denunciando y rebelándose no contra una mera ilegalidad, sino contra algo que atenta, directamente, contra la propia justicia.

La definición clásica de justicia desarrollada por Santo Tomás es dar a cada uno lo suyo. Dicha definición sirve como base en pensamiento social cristiano a partir de la cual pueden comprenderse las nociones de los derechos (como tener derecho a), de la conducta correcta y de lo correcto de una situación. Es decir, lo que a una persona le corresponde, lo que es de ella, es a lo que la misma tiene derecho. Dichas acciones, que están dirigidas a asegurar a una persona lo que le es propio constituyen la conducta correcta. Y es una situación justa, por ende, el estado final de cosas en donde a la persona se le ha dado lo que le es propio a través de la conducta correcta de otros que lo hicieron posible.

La justicia siempre se dirige hacia el bien de otro, se dirige hacia el bien común de todos esos asuntos que conciernen a los individuos particulares. En la tradición católica, la justicia así indicada también se le ha llamado justicia general, justicia legal y justicia social.