¿Es legal pedir un certificado de covid?

 

El colectivo de Hosteleiros/as e Autónomos/as de Ferrolterra (HAF) han mostrado su indignación ante las nuevas medidas adoptadas por la Xunta de Galicia desde este sábado en la ciudad y en el resto de municipios en nivel alto, donde para acceder al interior de un local hay que demostrar la inmunidad y en el ocio nocturno, directamente, solo se puede atender en terraza. Los hosteleros de Ferrolterra creen que esto supone una nueva criminalización de la hostelería cuando otros sectores no ven alteradas sus rutinas a pesar de tener «igual o maior exposición», y dudan de la legalidad de muchos de estos requisitos que se les exige para poder levantar su persiana a diario: «A intromisión nos datos de carácter tan persoal como os sanitarios ou a nosa capacidade para verificalos non pode nin debería ser una obriga».

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente este jueves la medida impuesta por el Ejecutivo insular de reclamar el pasaporte europeo de inmunización o alguna prueba diagnóstica para acceder a bares, restaurantes y otros espacios públicos cerrados como gimnasios.

La Sala del TSJC ha basado su decisión en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran que los «datos relativos a la salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad».

La exigencia del certificado para entrar en los bares, además de en Canarias, solo está vigente en Galicia y quizás también pronto en Cantabria, donde el Gobierno regional ya ha pedido informes para implementarlo. Otras comunidades, como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana ya se han posicionado en contra de usar el certificado por el momento, por entender que existen antes hay que despejar las dudas legales sobre una utilización así del pasaporte.

El Ministerio de Sanidad, que no tiene muy claro la legalidad de reclamar este documento a las puertas de los locales de hostelería, ya anunció este miércoles que, por el momento, no considera ningún otro uso de este pasaporte covid que no sea el aprobado por la UE, o sea el de facilitar los desplazamientos de la población vacunada.

Lo cierto, es que los servicios jurídicos del Estado desde el inicio han planteado serias dudas sobre la utilización del pasaporte covid para limitar derechos fundamentales. En primer lugar plantearon que podría ser inconstitucional usar este certificado como criba mientras el 100% de la población no haya tenido opción a ser vacunada, al suponer una clara discriminación con respecto a los que todavía no ha podido inmunizarse. También apuntaron  a la posible ilegalidad de establecer una 'pena de facto' a una conducta (negarse a ser inoculado) que no está penalizada en la legislación actual. La mayoría de los juristas consultados por Moncloa y Sanidad cuando en primavera se trabajaba en la implantación del certificado coincidieron en que su uso para impedir la entrada a comercios no pasaría el «filtro del constitucional», en tanto en cuanto no se reforma la legislación actual.

Así las cosas, pregunto a los políticos: se supone que el historial médico de cada persona tiene carácter discrecional y es inviolable, además de estar protegido por la Ley de Protección de Datos. Entonces,  ¿qué prevalece: su «ley» de pedir certificados covid en la hostelería o la Ley de Protección de Datos, sobre todo cuando se pone en juego los datos sobre la salud?

El RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) en su artículo 9 prohíbe de forma expresa revelar datos relativos a la salud de una persona física. En ese mismo artículo, concretamente en el punto 2.g, se establece la excepción por razones de interés público esencial, siempre y cuando sea proporcional al objetivo perseguido y siempre de manera que sea respetado el derecho a la protección de datos, estableciendo las medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos han anunciado que se ha enviado un requerimiento a las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas de Canarias y Galicia para comprobar la licitud del tratamiento de datos personales, apuntando que "las autoridades europeas de protección de datos hemos expresado nuestra preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral".

Pero al Señor Feijoo sin embargo, parece que no le preocupa la seguridad en la enseñanza. La Xunta ha anunciado que suprimirá los profesores de refuerzo contratados en la enseñanza pública para hacer frente a la pandemia. La confederación de ampas Confapa Galicia denuncia que a partir de septiembre seguirán las mascarillas, los protocolos de limpieza pero la distancia entre estudiantes se reducirá a 1,2 metros y, según la Consellerían de Educación, los ratios en las clases podrán volver al momento anterior a la pandemia.

Dolores Blanco, la presidenta de CONFAPA, señala que estamos ante un recorte de profesorado cuando no se sabe cómo van a evolucionar las cosas. Lamenta el cierre de aulas, la retirada de los desdobles y el aumento de alumnos por aula.